BRASIL

Por decreto, Bolsonaro facilita posesión de armas 

El presidente brasileño firmó el martes un decreto que facilita la posesión de armas de fuego, el primero de muchos cambios previstos por su flamante gobierno para reformar las leyes sobre armas en el país líder mundial en homicidios. Jair Bolsonaro, capitán retirado del ejército y dirigente de ultraderecha, dijo que su elección el año pasado fue la señal de que los ciudadanos del país más grande de América Latina quieren armarse. El decreto establece una serie de categorías de personas autorizadas a poseer armas. Funcionarios del gobierno dijeron que está diseñado para incluir casi a cualquier ciudadano que quiera un arma. Las categorías incluyen habitantes de zonas rurales, residentes de zonas urbanas con alta incidencia de homicidios, propietarios de negocios, coleccionistas y cazadores. Los requisitos son, entre otros, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, someterse a un examen psicológico y realizar un curso en un club de tiro. Antes del decreto, la ley disponía que todo civil que deseara poseer un arma debía justificar su interés, un requisito considerado arbitrario por Bolsonaro y otros partidarios de flexibilizar las leyes. El decreto extiende de cinco a 10 años el período para renovar el registro de cada arma. El dueño de un arma está obligado a tenerla en una caja de seguridad en una casa donde hay niños, adolescentes o discapacitados mentales. Si bien más personas podrán comprar armas, sigue siendo ilegal su portación en público por parte de la mayoría de los civiles. Bolsonaro y la llamada “Bancada de la Bala” en el Congreso planean derogar esa disposición.

Los expertos en seguridad sostienen que más armas provocarán mayor violencia.

 

EL SALVADOR

Dos nuevas condenas largas contra pandilleros

Un tribunal condenó 161 años de prisión a uno de los líderes nacionales de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), Geovany Rivera Sibrian, tras ser declarado culpable junto a otros 81 pandilleros involucrados en diferentes delitos ocurridos en la zona del Puerto de Acajutla, en el occidental municipio de Sonsonate, fronterizo con Guatemala. La Fiscalía General de la Republica dijo que un juzgado de la ciudad de Santa Ana, 56 kilómetros al occidente de la capital, también condenó a 160 años de cárcel a otro cabecilla regional de la pandilla MS-13, que fue identificado como Sergio de Jesús Pérez, mientras que otros 80 deberán pagar condenas de entre 10 y 20 años. Los dos hombres solo deberán cumplir 75 años en prisión, el máximo establecido constitucionalmente. Los pandilleros integraban el grupo conocido como “Fulton Locos Salvatruchos” y se les atribuye la comisión de numerosos delitos, incluyendo homicidios contra policías y civiles, así como extorsiones y tráfico de drogas. En el 2018, las pandillas asesinaron a 34 policías y 17 miembros de la fuerza armada, la mayoría de ellos cuando gozaban de licencia y visitaban a sus familiares. El gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales en 2012. En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67,000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.

 

MÉXICO

La Suprema Corte anula una ley migratoria

La Suprema Corte de México anuló el martes una ley aprobada en el estado de Jalisco que requería que los migrantes mostraran documentos de identificación a la policía. El falló fue aplaudido por la comisión de derechos humanos del país, que consideraba la medida como una violación a los derechos a la privacidad de los migrantes. La corte dijo que anuló la ley de 2016 debido a que el control de la inmigración es de dominio exclusivo del gobierno federal. Las autoridades de Jalisco tuvieron una relación difícil con la caravana de migrantes que recorrió el estado en noviembre con rumbo a la ciudad fronteriza de Tijuana. Los migrantes se quejaron de que las autoridades los abandonaron en una carretera en lugar de ayudarlos a llegar a un estado vecino. En tanto, las autoridades dijeron que algunos migrantes eran revoltosos.

 

VENEZUELA

Asamblea considera a Maduro usurpador de la presidencia

La Asamblea Nacional de Venezuela resolvió el martes que Nicolás Maduro está usurpando la presidencia y declaró “nulos” todos sus actos desde que asumió el 10 de enero para un controvertido segundo mandato. Esta decisión del congreso, controlado por la oposición, podría escalar aún más el enfrentamiento entre el gobierno y el legislativo, cuyas decisiones tampoco reconoce el mandatario socialista. El Congreso aprobó un acuerdo sobre la declaratoria de la “usurpación de la presidencia” y diseñó las medidas para conformar un “gobierno de transición” y proceder a la convocatoria de unas elecciones de acuerdo con lo previsto en la constitución. Los congresistas opositores también aprobaron dos acuerdos para acelerar la aprobación próximamente de una ley de amnistía para civiles y militares, y para solicitar a 46 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y Unión Europea, la protección de los activos de Venezuela en el exterior ante la “usurpación de poder” por parte del Ejecutivo. Desde que el político asumió el 5 de enero la jefatura de la Asamblea Nacional ha hecho varios llamados a las fuerzas militares, que le dan el mayor soporte al gobierno de Maduro, para que restablezcan la constitución y reconozcan la usurpación de la presidencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado ninguna reacción fuera del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, que ha ratificado la lealtad de los uniformados a Maduro. En medio del enfrentamiento que mantiene el gobierno y el Congreso desde hace tres años, el Tribunal Supremo de Justicia _ que controla el oficialismo _ ha señalado al Legislativo de mantenerse en desacato a las decisiones del Poder Judicial, y que por tanto todos sus actos son “nulos”, situación que ha limitado a los congresistas opositores para que sus decisiones puedan ser ejecutadas por los poderes públicos.