AP Photo/Carlos Giusti, File

Una voluntaria trae ayuda a una familia necesitada en medio de la crisis del coronavirus en San Juan, Puerto Rico, el 29 de abril del 2020. 

SAN JUAN (AP) — La junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico aprobó el miércoles un plan fiscal revisado que suspende temporalmente todos los recortes presupuestarios y prevé que el superávit de la isla podría caer 65% debido a que el gobierno es incapaz de cumplir con las obligaciones actuales de deuda.

El plan servirá como borrador para la isla, la cual se ha visto gravemente afectada por huracanes, terremotos y la pandemia de coronavirus mientras sigue reestructurando una parte su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo que la economía puertorriqueña se contraerá en los próximos cinco años y que el superávit caerá de 23.000 millones de dólares a 8.000 millones entre los años fiscales 2020 y 2032. Se negó a indicar cómo afectaría el desplome al pago de la deuda de Puerto Rico, limitándose a decir que la isla no puede costear sus obligaciones contractuales existentes y que la junta se reunirá con los mediadores y acreedores para hablar sobre los próximos pasos a dar.

“El impacto de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico es severo”, agregó la funcionaria, indicando que las proyecciones económicas revisadas son similares a aquellas emitidas después de que el huracán María azotó la isla en septiembre de 2017.

El presidente de la junta, José Carrión, dijo que la suspensión de los recortes presupuestales durante un año permitirá al gobierno mejorar cómo opera e implementar las reformas necesarias en el sector laboral y otras áreas.

El plan fiscal modificado se presenta menos de una semana después de que el congresista Raúl Grijalva presentó enmiendas a una ley que creó la junta como parte de un paquete financiero para Puerto Rico.

El proyecto pide una auditoría a la deuda de Puerto Rico y declara la salud pública, la educación, la seguridad y las pensiones como servicios públicos esenciales, con lo que quedarían protegidos de los recortes de fondos. Además, la medida garantizaría el financiamiento para la Universidad de Puerto Rico y le permitiría al gobierno local reducir parte de la deuda. El proyecto fue presentado en medio de críticas de que la junta no está protegiendo a los puertorriqueños y no ha hecho lo suficiente para mejorar la situación de la isla.

“La devastadora austeridad fiscal impuesta por la ley original no ha podido mejorar el desarrollo económico ni solucionar la pobreza crónica en Puerto Rico, así que es momento de adoptar una postura que se enfoque más en el pueblo”, dijo Grijalva en un comunicado a finales de la semana pasada.

Los huracanes Irma y María, aunados a una reciente serie de terremotos, han causado daños por miles de millones de dólares y agudizado una crisis económica ya existente. Entonces llegó la pandemia, y los expertos advirtieron que una isla con 3,2 millones de habitantes y una tasa de pobreza superior al 40% —la más elevada en comparación con cualquier estado de Estados Unidos— podría registrar una tasa de desempleo de más del 40%. Algunos economistas estiman que la crisis por el COVID-19 provocará pérdidas económicas de entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.

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