LOS ÁNGELES (CNS) La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó a favor de pagar $ 14 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con la detención ilegal de miles de inmigrantes a instancias de las autoridades federales de inmigración.
Los miembros de la junta no ofrecieron comentarios sobre la decisión de resolver Roy vs. el condado de Los Ángeles, que una junta de reclamos del condado había recomendado para llegar a un acuerdo en agosto.
La demanda colectiva fue presentada en octubre de 2012, durante el mandato de Lee Baca como sheriff, por el cineasta británico Duncan Roy. Roy, que estuvo representado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California y otros grupos de derechos civiles, alegó que pasó casi tres meses en las cárceles del condado de Los Ángeles sin la posibilidad de pagar la fianza.
Los demandantes alegaron que, además de negar la fianza a algunos inmigrantes, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles retuvo a otros hasta 48 horas después de que debían ser liberados para atender las solicitudes de transferencia a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En 2018, un juez federal dictaminó que las solicitudes de ICE, conocidas como retenciones de inmigración o detenciones, eran inconstitucionales. También responsabilizó al departamento del alguacil por violar los derechos de la Cuarta Enmienda de miles de reclusos que detuvo sin causa probable de ningún delito.
El fallo del juez de distrito de los EE. UU. André Birotte, Jr. tanto en el caso Roy como en el caso González contra ICE también sostuvo que el departamento encarceló inconstitucionalmente a miles de personas con fianzas bajas que ni siquiera habrían sido ingresadas en la cárcel si no fuera por inconstitucionalidad detenciones de inmigración. El fallo dio derecho a los miembros de la clase a medidas cautelares y daños monetarios.
Los defensores elogiaron la decisión de 2018 como prueba de abusos por parte del departamento federal de inmigración y la administración Trump. Cuando se publicó el fallo, el entonces alguacil Jim McDonnell dijo que la demanda estaba relacionada con prácticas pasadas.
“El Departamento del Sheriff no detiene a ningún preso más allá de su fecha normal de liberación, independientemente de si hay o no una orden de detención válida de ICE.
“Esta ha sido la práctica estándar desde 2014”, dijo una portavoz en ese momento.
El alguacil Alex Villanueva se postuló para las elecciones en parte por su compromiso de sacar al personal de ICE de las cárceles del condado. En abril, en respuesta al coronavirus, implementó una moratoria sobre las transferencias a la custodia de ICE durante la pandemia. Desde entonces, ha hecho que esa prohibición sea permanente, anunciando que los reclusos solo serán transferidos bajo una orden judicial, no en base a una orden de detención de inmigración civil.
En declaraciones a la junta el martes 13 de octubre, Villanueva dijo que era “moralmente indefendible” obligar a su departamento a cubrir el costo del acuerdo, porque estaba relacionado con pólizas anteriores a su mandato. Instó a la junta a pagar los $ 14 millones del fondo general del condado.