El gobernador Gavin Newsom promulgó la Ley de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Escolar el 26 de septiembre, una medida histórica que gravaría a la industria de armas para crear una fuente de financiamiento permanente para la seguridad escolar y los programas de prevención de la violencia armada en California.
Escrito por el asambleísta Jesse Gabriel (D – Encino), el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 28 impondrá un impuesto especial del 11 por ciento sobre la venta de armas y municiones por parte de fabricantes y comerciantes de armas y se espera que genere $160 millones anuales para financiar programas de seguridad escolar y prevención de la violencia, incluidas iniciativas para prevenir tiroteos masivos, reforzar las investigaciones de armas de fuego y eliminar las armas de los abusadores domésticos.
“AB 28 se basa en una premisa directa: que debemos priorizar la seguridad de nuestros hijos sobre las ganancias de la industria de armas”, dijo el asambleísta Jesse Gabriel, autor de AB 28 y presidente del Grupo de Trabajo de Violencia Armada de la Legislatura. “Es vergonzoso que los fabricantes de armas estén cosechando ganancias récord al mismo tiempo que la violencia armada se ha convertido en la principal causa de muerte para los niños en los Estados Unidos. AB 28 generará $160 millones anuales para financiar programas críticos de prevención de violencia y seguridad escolar que salvarán vidas y protegerán a las comunidades en todo el estado de California. Estoy profundamente agradecido con el gobernador Newsom por firmar AB 28 y por su destacado liderazgo nacional para abordar la violencia armada”.
AB 28 fue fuertemente apoyado por todas las principales organizaciones de seguridad de armas, incluyendo Giffords, Moms Demand Action, Everytown, Brady y March for Our Lives.
“Gracias al gobernador Gavin Newsom, al asambleísta Jesse Gabriel y a miles de líderes comunitarios en todo California por poner la seguridad de las personas por encima de las ganancias de la industria de las armas”, dijo la ex congresista Gabby Giffords. “Este ejemplo de liderazgo audaz y efectivo financiará los esfuerzos valientes y salvadores de los trabajadores de intervención de violencia, mejorará la salud y la seguridad de los niños de California y reforzará la aplicación de las leyes de armas de California al mantener las armas fuera del alcance de las personas prohibidas, incluidos los abusadores domésticos”.
AB 28 establece el Fondo de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Escolar, lo que permite a California realizar inversiones a largo plazo en una variedad de iniciativas diseñadas para prevenir la violencia armada, mejorar la seguridad escolar, apoyar la entrega crítica de armas de fuego, mejorar la implementación y coordinación de las actividades de prevención de la violencia armada, resolver más asesinatos y tiroteos y promover la justicia y la igualdad de acceso a la seguridad para todos los californianos.
AB 28 no pretende penalizar a los vendedores de armas de fuego o desalentar las ventas y el comercio legal de armas de fuego, sino que generará ingresos para mantener programas dirigidos a mitigar el daño que causan las armas de fuego y los productos relacionados.
Desde que se introdujo AB 28 al comienzo de la actual sesión legislativa, Estados Unidos ha experimentado cientos de tiroteos masivos, incluidos incidentes horribles en Monterey Park y Half Moon Bay. AB 28 entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2024.
Antecedentes de AB 28
Esta legislación generará aproximadamente $160 millones anuales, que se asignarían principalmente de la siguiente manera:
— $75 millones para el programa de Intervención y Prevención de la Violencia de California (CalVIP);
— $50 millones para iniciativas de seguridad escolar, incluidos los programas antes y después de la escuela elegibles para recibir fondos bajo la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras;
— $15 millones para un programa de entrega de armas de fuego basado en la corte para retirar de manera segura las armas de los abusadores domésticos y criminales condenados, así como de otras personas que están sujetas a órdenes de restricción civiles o penales; y
— $15 millones para ayudar a las fuerzas del orden público a mejorar las investigaciones de armas de fuego en comunidades afectadas desproporcionadamente por la violencia armada.
Desde 2020, los niños en los Estados Unidos tienen más probabilidades de morir por armas de fuego que por cualquier otra causa de muerte. Un informe reciente de la Academia Americana de Pediatría encontró que la tasa de mortalidad por armas de fuego para los niños estadounidenses aumentó en un 40 por ciento entre 2018 y 2021.
Además, la violencia armada también causa un enorme daño económico, incluidas las cargas fiscales para los gobiernos estatales y locales, junto con los contribuyentes. Un informe reciente de Everytown for Gun Safety encontró que las muertes y lesiones por armas de fuego cuestan a California miles de millones anualmente, gran parte de los cuales son pagados directamente por los contribuyentes cada año.