By Seung Min Kim, Colleen Long, Elliot Spagat y Stephen Groves
Associated Press
WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden reveló el martes planes para aprobar de inmediato importantes restricciones a los migrantes que buscan asilo en la frontera con México, mientras la Casa Blanca trata de neutralizar la inmigración como tema de controversia política de cara a las elecciones de noviembre.
La proclamación presidencial, la cual era esperada desde hace tiempo, impediría otorgar asilo a migrantes una vez que las autoridades estadounidenses determinen que la frontera sur se encuentra rebasada. El presidente ha contemplado una acción unilateral desde hace meses, especialmente desde que se vino abajo un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza en el Congreso que fue rechazado por la mayoría de los legisladores republicanos ante la presión de Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano.
Biden dijo que hubiera preferido una acción a largo plazo a través del Congreso, pero que “los republicanos no me dejaron otra opción”. En su lugar, dijo que actúa por su cuenta para “tomar el control de nuestra frontera” e insistió que “creo que la inmigración siempre ha sido el alma de Estados Unidos”.
Trump “les dijo a los republicanos… que no quería solucionar el problema, quería usarlo para atacarme”, indicó Biden. “Fue un movimiento político cínico, extremadamente cínico, y en completo perjuicio al pueblo estadounidense que busca que no politicemos la frontera sino que solucionemos el problema”.
Por otro lado, Trump utilizó su cuenta de redes sociales para atacar nuevamente a Biden en materia de inmigración, diciendo que el demócrata había “rendido totalmente nuestra frontera sur” y que su orden era “sólo un espectáculo” de cara a su debate presidencial del 27 de junio.
La orden entrará en vigor cuando la cantidad de encuentros en la frontera entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día, de acuerdo con altos funcionarios del gobierno. Esto significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato, ya que en este momento los promedios diarios superan dicho límite. La última vez que el número de arrestos diarios por cruzar ilegalmente la frontera desde México estuvieron por debajo de los 2.500 fue en enero de 2021, el mes en que Biden asumió la presidencia. Los encuentros fronterizos cayeron por última vez debajo de los 1.500 diarios en julio de 2020, durante el punto más alto de la pandemia de COVID-19.
Las restricciones seguirían vigentes hasta dos semanas después de que el número diario de encuentros sea igual o menor que 1.500 al día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días. The Associated Press fue el primero en informar sobre estas cifras el lunes.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que una mayor aplicación de las restricciones por parte de México desde diciembre, cuando se llevaron a cabo reuniones de alto nivel entre las dos naciones, ha reducido el número de cruces ilegales. Pero “es posible que se vuelvan menos efectivas con el paso del tiempo”, lo que crea la necesidad de tomar más acciones. “Las redes de tráfico se adaptan y responden a los cambios”, dijo la agencia en un regla federal dada a conocer el martes.
El departamento pronostica que los arrestos por cruces ilegales podrían ascender a un promedio diario de hasta 6.700 entre julio y septiembre.
Una vez que la orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera pero que no expresen temor de regresar a sus países de origen quedarán sujetos a ser expulsados de inmediato de Estados Unidos, en cuestión de días e incluso de horas. Esos migrantes enfrentarían penas que podrían incluir una prohibición para ingresar a Estados Unidos por cinco años, así como un posible proceso penal.
Mientras tanto, cualquier persona que exprese ese temor o la intención de buscar asilo será examinada por un funcionario federal de asilo, pero con normas más estrictas a las que se utilizan actualmente. Si se aprueba el proceso, podrá buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
“Nos preocupa ver que este gobierno eleve el estándar para los solicitantes de asilo que vienen a nuestra frontera sur y ejercen un derecho legal”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge. “Ciertamente nadie quiere ver que migrantes que puedan venir en busca de una mejor vida o una oportunidad económica puedan manipular el sistema de asilo, pero vemos en nuestros clientes y en otros inmigrantes a personas que están huyendo de las circunstancias más graves en un momento de migración global sin precedentes y creemos que Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y refugio”.
El martes en la frontera no hubo señales visibles de impacto inmediato.
Iselande Peralta, una madre haitiana que se encuentra en un albergue para migrantes en Reynosa, México, junto con su hijo de 3 años, dijo que Estados Unidos estaba en su derecho de imponer nuevas restricciones. Lleva 10 meses tratando de conseguir una cita a través de la aplicación en línea de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), llamada CBP One. Peralta, de 26 años, no sopesa la posibilidad de cruzar ilegalmente y considera que CBP One es su mejor opción.
“No cruzaría el río ni aunque estuviera loca. ¿Cómo lo haría con un niño tan pequeño? Estoy dispuesta a esperar”, declaró.
La directriz de Biden se produce en un momento en que el número de migrantes encontrados en la frontera ha ido en declive de forma constante desde diciembre, pero altos funcionarios del gobierno aseguran que las cifras siguen siendo demasiado elevadas y que podrían aumentar cuando mejore el clima, cuando suele incrementarse el número de encuentros.
Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas y complicaciones sobre cómo se pondrá en práctica la nueva directriz.
Por ejemplo, el gobierno de Biden ya tiene un acuerdo con México, en el que este último convino aceptar hasta 30.000 ciudadanos al mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una vez que se les haya negado la entrada a Estados Unidos, y altos funcionarios del gobierno aseguran que eso continuará en virtud de esta orden. Pero de momento se desconoce qué sucederá con los ciudadanos de otros países a quienes se les niega la entrada según la directriz de Biden.
Cuatro funcionarios de alto nivel del gobierno, quienes insistieron en el anonimato a fin de describir las labores a la prensa, también reconocieron que el objetivo del gobierno de deportar rápidamente a los migrantes se complica debido a la financiación insuficiente por parte del Congreso. El gobierno también enfrenta ciertas limitaciones legales en lo relacionado con la detención de las familias de migrantes, aunque el gobierno afirma que seguirá cumpliendo esas obligaciones.
La autoridad legal invocada por Biden se produce de conformidad con la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera “perjudicial” para los intereses del país. Los funcionarios se mostraron confiados en que podrán poner en práctica la orden de Biden, a pesar de las amenazas de importantes grupos legales de interponer demandas contra el gobierno en torno a la directriz.
“Tenemos la intención de demandar”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), quien argumentó con éxito desafíos legales similares durante la presidencia de Trump. “Una prohibición al asilo es ilegal, tal como lo fue cuando Trump lo intentó sin éxito”.
Los funcionarios citados insistieron en que la propuesta de Biden difiere notablemente de la de Trump, quien se apoyó en las mismas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad utilizadas por Biden, incluida su directriz de 2017 de prohibir la entrada a los ciudadanos de naciones de mayoría musulmana y sus esfuerzos en 2018 para frenar el asilo.
La orden de Biden menciona a varios grupos de migrantes que estarían exentos por razones humanitarias, incluidas víctimas de tráfico de personas, los menores sin compañía de un adulto y las personas con emergencias médicas graves.
La directriz también exentaría a los migrantes que llegan en lo que los funcionarios de alto nivel describieron como una forma ordenada, lo que incluye a personas que hacen citas con funcionarios fronterizos en los puntos de entrada mediante la aplicación CBP One, la cual ha hecho alrededor de 1.450 citas al día desde que se puso en marcha el año pasado.
Los defensores de la inmigración temen que el plan de Biden únicamente aumente la espera para los migrantes que ya tienen varios meses tratando de conseguir una cita a través de la app, especialmente cuando las autoridades de inmigración no cuentan con un aumento correspondiente de fondos.
También podría ser difícil para los autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los migrantes en momentos en que muchos agentes ya están asignados a ayudar en albergues y otras tareas humanitarias, dijo Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración.
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no puede mantener el ritmo con las detenciones como está ahora porque no tienen suficiente personal, por lo que causaría más desorden”, dijo.
Los republicanos calificaron la orden de Biden como un simple “ardid político” con el objetivo de mostrar una aplicación más severa de la ley migratoria antes de las elecciones.
“Durante todo este tiempo, trató de convencernos a todos de que no había ninguna forma en que pudiera arreglar el desastre”, señaló el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en conferencia de prensa. “Recordemos que fue él quien lo fraguó”.
En una llamada organizada por la campaña de Trump, Stephen Miller, un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump que orquestó sus políticas de inmigración más polémicas, y Tom Homan, exdirector interino de la CBP en el gobierno de Trump, dijeron que la orden de Biden esencialmente permitiría que 2.500 personas ingresen diario al país y legalizaría la entrada ilegal a Estados Unidos.
“La única razón por la que están haciendo esto es debido a las elecciones”, dijo Homan. “Han tenido tres años y medio para tomar medidas y no han hecho nada. No han hecho nada para reducir el flujo”.
El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la legislación habría sido más efectiva, pero “la intransigencia republicana ha forzado la mano del presidente”.