LOS ÁNGELES (CNS) – El Ayuntamiento de Los Ángeles ha actualizado su mandato para que los empleados municipales se vacunen contra el COVID-19, dándoles hasta el 18 de diciembre para cumplir.

El plazo se amplió desde el miércoles pasado. El alcalde Eric Garcetti dijo la semana pasada que cualquier empleado de la ciudad que se niegue a vacunarse contra el COVID-19 antes del 18 de diciembre debe estar preparado para perder su trabajo.

“El mandato de vacunación de los empleados de la ciudad es fundamental para proteger la salud y seguridad de nuestra fuerza laboral y de los angelinos a quienes servimos”, dijo el alcalde el 20 de octubre, después de que el funcionario administrativo de la ciudad presentó el nuevo plan.

“Los empleados deben estar vacunados antes del 18 de diciembre y, mientras tanto, estamos implementando un riguroso programa de pruebas. Permítanme ser claro: cualquier empleado que se niegue a vacunarse antes de esta fecha debe estar preparado para perder su trabajo”.

Hasta el 18 de diciembre, los empleados no vacunados deben someterse a dos pruebas COVID-19 por semana, y se deducirán $65 por prueba de sus cheques de pago. Los empleados deben hacerse la prueba durante su tiempo libre, y la ciudad o un proveedor de su elección debe realizar la prueba.

No se permitirán pruebas de terceros.

Según los datos de la oficina del alcalde el 19 de octubre, el 72.8% de los empleados de la ciudad informaron estar total o parcialmente vacunados, el 17.9% se negó a declarar o no informó su estado y el 9.2% informó que no estaban vacunados.

El jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo durante la reunión de la Comisión de Policía el martes que el 74% de la fuerza laboral del departamento de policía ha recibido al menos una inyección, y el 70% está completamente vacunado.

Aquellos que buscan exenciones religiosas o médicas también deberán tomar dos pruebas por semana a cargo del empleado mientras la ciudad procesa la solicitud de exención. Si se aprueba una exención, al empleado se le reembolsarán los costos de la prueba y, en el futuro, se le pedirá que realice la prueba

COVID-19 una vez por semana, pero la ciudad lo pagará.

Si se rechaza una solicitud de exención, el empleado tendrá cinco días hábiles para presentar una apelación. Si no apelan la decisión, se les notificará que deben presentar prueba de vacunación. De no hacerlo, resultaría en una “acción correctiva”.

El empleado podrá renunciar o jubilarse “todos en regla en lugar de medidas disciplinarias” si no cumplió con el mandato. Esos empleados también serán elegibles para ser contratados nuevamente si se vacunan o si se levanta la orden de vacunación.

Las solicitudes de exención se evalúan caso por caso. Las personas pueden calificar para una exención si tienen una condición médica o creencias, prácticas u observancias religiosas sinceras que les impiden recibir la vacuna.

“¿Cómo podemos pedir a los angelinos que se vacunen si no lo hacemos nosotros mismos? Necesitamos dar un buen ejemplo a nuestras comunidades. Las vacunas están disponibles, son efectivas y mantienen a las personas fuera del hospital y sin ventiladores “, dijo la presidente del consejo, Nury Martínez, cuando se aprobó la ordenanza en agosto.

Muchos trabajadores que no quieren las vacunas dicen que es una cuestión de libertad personal, y algunos expresan dudas sobre la seguridad o eficacia de las vacunas. Los defensores del mandato dicen que las personas no vacunadas pueden poner en peligro a otros, incluidos aquellos que no son elegibles para las vacunas.