Guatemala

GUATEMALA (AP) — El capitán del ejército guatemalteco Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de un obispo, fue acusado de lavado de dinero y asociación ilícita por formar en la cárcel y al abrigo del sistema penitenciario un imperio de millones de dólares a través de corrupción y amenazas.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente de Naciones Unidas que examina los cuerpos y aparatos clandestinos insertos en el Estado, investigaron desde 2013 a Lima Oliva y descubrieron un esquema de corrupción en las prisiones de Guatemala que ha llevado a la detención de Sergio Camargo, el director del sistema penitenciario.

La policía realizó varios allanamientos en casas de funcionarios y allegados a Lima Oliva en busca de evidencias.

Tanto el militar como Camargo fueron enviados a los tribunales y están a la espera de declarar ante el juez Miguel Ángel Galvéz del Juzgado de Mayor Riesgo, a cargo de la investigación.

Las investigaciones comenzaron cuando la posesión de bienes inmuebles de Lima Oliva empezó a crecer. Según los investigadores, el militar “vendía” beneficios en prisión que iban desde el ingreso de celulares, aparatos electrodomésticos y comida hasta visitas conyugales a cambio de dinero y bienes que compartía, entre otras personas, con Camargo.

Lima Oliva también era privilegiado con salidas fuera de prisión para diversas actividades con la autorización de funcionarios penitenciarios.

Según la fiscalía, al menos otras 12 personas habrían participado junto a Lima Oliva y Camargo de varios delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo y activo.

Las libertades de Lima Oliva, de 44 años, en la prisión de Pavoncito donde cumple su condena llegaron al colmo de ordenar comida a domicilio vía telefónica.

El mismo Ministro de Gobernación Mauricio López reconoció recientemente que “Lima ha sido un problema porque yo sé todo lo que este señor maneja dentro de la cárcel”.

Se cree que la influencia de Lima Oliva rondó incluso los altos círculos de poder. El militar se ha jactado en el pasado de tener amistad con el presidente guatemalteco, el también militar Otto Pérez Molina, y reconoció que incluso aportó a su campaña electoral confeccionando cientos de camisetas naranjas, el color del oficialista Partido Patriota.

Lima Oliva mandaba en la cárcel: fotografías subidas por él mismo en las redes sociales dan cuenta de las visitas de políticos, diputados, embajadores, periodistas, presentadores de televisión y artistas. También impuso orden a los reos con rutinas de ejercicios y trabajo bajo su supervisión.

Las aspiraciones de Lima Oliva no se han enfocado sólo en mejorar su situación económica. El militar también tiene metas políticas y ha anticipado que quiere ser presidente. Una página de Facebook y un blog describen sus aptitudes y su ideología “100% anticomunista, en contra de las imperfecciones de la democracia, nacionalista, progresista, promotor de la cultura e identidad de su país, defensor de su patria de la invasión extranjera”.

Sus aspiraciones han encontrado eco en algunas organizaciones radicales de derecha que profesan un profundo rechazo a la izquierda y las organizaciones de derechos humanos.

Para Nery Rodenas, director de la Oficina del Arzobispado de Guatemala, Lima Oliva es una persona peligrosa. “Tiene la posibilidad de salir libre, meterse a política y ganar algún puesto público porque tiene los medios para lograrlo y lamentablemente Guatemala no tiene conciencia de las personas que tuvieron antecedentes”, dijo. Agregó que, de alcanzar un puesto de poder, “definitivamente esto sería un retroceso”.

El militar estaba a punto de optar por salir de prisión pues según la ley ya ha cumplido la mitad de la pena de 20 años por el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera en 1998.

El plazo para pedir su excarcelación iba a comenzar el 12 de septiembre, pero el panorama ha cambiado y ahora podría enfrentar varios años más de cárcel.

Gerardi Conedera fue asesinado dos días después de presentar un informe sobre los excesos cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala entre 1960 y 1996. Según ese reporte el 90% de esos excesos fueron cometidos por el ejército.

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