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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas detuvieron al exgobernador interino del norteño estado de Coahuila, Jorge Juan Torres López, un político buscado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República informó el martes por la tarde de su detención en Puerto Vallarta, una turística ciudad del pacífico mexicano, con fines de extradición “por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude”.

Según la nota de prensa, se le localizó gracias a “trabajos de gabinete y de campo” y se le detuvo “sin uso de violencia, ni afectación a terceros”.

Torres López se quedó a cargo del estado de Coahuila durante 2011, cuando el entonces gobernador Humberto Moreira dejó el puesto para dirigir las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Ese año fue uno de los más sangrientos vividos en ese estado fronterizo con Texas, donde se multiplicaron las desapariciones y los homicidios, y el cártel de Los Zetas amplió su influencia. Incluso estableció su centro de operación y de mando en la cárcel estatal de Piedras Negras, en la frontera estadounidense.

Torres tenía una alerta de Interpol y era buscado en 194 países porque es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas y se encuentra en la lista de los más buscados por la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de Estados Unidos le seguían la pista desde 2013, cuando le acusaron de haber transferido a las Islas Bermudas dinero procedente de operaciones fraudulentas a través de entidades bancarias estadounidenses junto al extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal. Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de San Antonio en 2014.

Torres López y Villarreal eran cercanos colaboradores de Humberto Moreira (gobernador de 2005 a 2011), quien dejó a Coahuila en bancarrota y fue vinculado a diversos delitos, incluido el de colaborar con los Zetas.

Moreira llegó a estar unos días detenido e investigado por las autoridades anticorrupción españolas pero finalmente quedó libre y sin cargos. Hasta el momento no ha prosperado ningún proceso en su contra.

Un centenar de organizaciones sociales avaladas por la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron a finales de 2017 un informe en la Corte Penal Internacional de La Haya para que investigue lo que, a su juicio, son supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados por autoridades del estado de Coahuila entre 2008 y 2012 que operaban vinculados al cártel de los Zetas.

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