CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mapas, diseños por ordenador y tablas cubren las paredes de una sala de conferencias del gobierno. Los documentos detallan los planes para trazar una línea de ferrocarril que podría ser el mayor proyecto de infraestructuras de México en un siglo.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en la vía rápida el proyecto multimillonario del Tren Maya. El mandatario afirma que dará un impulso a las comunidades pobres del desatendido sureste de México al llevar más turistas a la zona, junto con los hoteles, restaurantes y otros negocios necesarios para atenderles.

Sin embargo, entre los documentos de esa pared en la agencia de desarrollo turístico de México (Fonatur) hay un esquema que muestra que el Tren Maya se ha proyectado con un ritmo que según analistas externos podría poner en peligro su éxito, el medio ambiente y a la gente a la que el presidente quiere ayudar.

El cuadro en las oficinas de Fonatur detalla los tiempos de planificación, contratación y construcción de 45 proyectos ferroviarios recientes en Canadá, Australia, Gran Bretaña y Francia. Esos proyectos, que no alcanzan la longitud del Tren Maya, tardaron entre siete y diez años en completarse.

Y aquí está la complicación: López Obrador está limitado a un único mandato de seis años y quiere que el tren esté en marcha para cuando deje el cargo, el 1 de diciembre de 2024. La tabla indica que los casi 1.525 kilómetros (950 millas) del Tren Maya estarán terminados en 4,8 años, y casi todo el ahorro de tiempo procede de las fases de planificación y contratación.

“Sí, hemos obviado algunos pasos, pero estamos obligados por las circunstancias de los términos políticos”, dijo Rogelio Jiménez, director de Fonatur, señalando que los planificadores del gobierno también trabajan con expertos internacionales y Naciones Unidas. “Es un sexenio que si no logra que el proyecto tenga un año de operación mínimo podemos estar en riesgo fundamental. La parte sacrificable es la parte inicial”.

El propio López Obrador demostró ese riesgo con una de sus primeras medidas como presidente: cancelar un nuevo aeropuerto a medio construir en Ciudad de México, valorado en 13.000 millones de dólares y que había iniciado su predecesor.

El Tren Maya rodearía la Península del Yucatán y tendría una conexión hacia el sur, llegando cerca de la frontera con Guatemala. Serviría a turistas y trabajadores de Cancún y a los lujosos complejos turísticos de Riviera Maya, además de transportar mercancías.

López Obrador dice que el proyecto haría realidad su sueño de ayudar a la gente del sureste y mostraría una nueva clase de desarrollo inclusivo y de respeto por el medio ambiente. “No se va a tirar un solo árbol”, dijo el mandatario, una afirmación que desafía la credulidad para un proyecto que pretende atravesar tramos de selva, aunque sea a través de derechos de paso existentes.

Una pregunta que se plantean muchos desde el principio es si la planificación y ejecución de un megaproyecto de verdad puede hacerse tan rápido. ¿Y qué hay de su coste previsto, entre 6.300 millones y 7.900 millones de dólares (de 120.000 millones a 150.000 millones de pesos)?

El Instituto Mexicano para la Competitividad, un grupo de estudios sobre política pública, publicó un estudio el mes pasado estimando que el coste sería cuatro veces superior a la cifra publicada, unos 25.300 millones de dólares (480.0000 millones de pesos).

El reporte también instaba a no apresurar el proyecto sin una planificación cuidadosa.

“No hay estudios serios de análisis costo-beneficio, ni un estudio serio de demanda, ni un estudio serio de oferta que realmente tendrá una proyección de este tren”, escribió la investigadora Ana Thaís Martínez, autora del informe.

La experta señaló que otro proyecto ferroviario reciente en México, una línea de pasajeros de 58 kilómetros (36 millas) entre Ciudad de México y Toluca, ya ha superado casi en un 90% su presupuesto inicial de 2.000 millones de dólares y sigue sin terminar tras más de seis años de construcción. Se suponía que debía estar terminado para 2017.

Jiménez Pons, responsable del Tren Maya, señaló que el gobierno pagará solo el 10% del proyecto, mientras el resto del sector privado asumirá el resto a través de lo que básicamente serán caros contratos para operar el servicio de tren.

El desarrollo inmobiliario en torno a cada una de las 15 estaciones propuestas estaría supervisado por Fonatur, pero al recurrir a fondos de inversión de bienes raíces, la tierra seguiría en manos de sus propietarios, lo que en la práctica los convertiría en socios.

Se espera que el servicio de mercancías del tren sea su principal fuente de ingresos, mientras que los pasajes para viajeros estarían subvencionados, indicó Jiménez Pons. El reporte de Martínez señaló que gestionar trenes de pasajeros y mercancías en la misma línea es complicado, y sugirió que las expectativas del gobierno sobre los ingresos que podría obtener por transporte de mercancías podrían ser exageradamente optimistas.