MEXICO

Pone en marcha plan económico ante crisis de COVID-19

México puso en vigor el miércoles un plan con el que pretende hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, que incluye un recorte en el gasto público y los salarios de los funcionarios de alto rango, incluido el presidente.

Las medidas fueron recibidas con escepticismo por grupos de empresarios y analistas que esperaban acciones más drásticas para encarar la crisis.

México impuso el distanciamiento social a partir de marzo y ha frenado actividades comerciales no esenciales como medida para frenar la propagación del COVID-19. Las restricciones se extienden hasta el 31 de mayo y el país ha puesto en marcha la tercera fase para contener la epidemia, que ha dejado hasta ahora 9.501 contagiados y al menos 857 fallecidos.

Las medidas de la fase previa se mantienen con algunos cambios en diversos estados como en la capital, donde además de la suspensión de todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público y privado, se restringirá la circulación de vehículos un día a la semana y se agilizará la velocidad de salida de los trenes del metro, reduciendo el número de paradas en un 20%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el sueldo de los funcionarios de alto rango se reducirá un 25% y que además cederán sus bonos de fin de año. Además se recortará el gasto público en un 75% para los servicios generales y suministros.

“Sin endeudar al país vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole”, agregó el mandatario.

El decreto también especifica que ninguno de los planes sociales creados en su administración dejará de funcionar y tampoco se detendrán la producción petrolera y la construcción de carreteras que ya está en marcha. Además se mantienen vigentes los proyectos para construir el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, tres de las obras insignia del gobierno de López Obrador. El Tren Maya, localizado en la península de Yucatán al sur del país, tiene planeado recorrer 1.525 kilómetros y conectar las playas de sitios turísticos de la Riviera Maya con sitios arqueológicos del interior y la ciudad colonial de Mérida.

En tanto, la refinería de Dos Bocas está siendo construida por el gobierno federal junto a la petrolera nacional Pemex en Tabasco, en el sureste mexicano, para que el país produzca más gasolina porque actualmente las seis refinerías en funcionamiento no cubren la demanda.

 

BRASIL

Gobierno, estados luchan por suministros en pandemia

El mes pasado, la doctora Riane Azevedo dio un golpe maestro. El director del mayor hospital público del pobre estado brasileño de Ceará logró un lote de cotizados respiradores para tratar a los pacientes con coronavirus en su atestada unidad de cuidados intensivos.

Pero unas semanas antes de su llegada, recibió malas noticias. Su proveedor local ya no podría cumplir el acuerdo. En su lugar, los equipos iban al gobierno federal de Brasil.

“El Ministerio de Salud confiscó los respiradores para nuestro hospital”, dijo Azevedo, del hospital Instituto Dr. José Frota, donde tenía previsto abrir otras 40 camas de cuidados intensivos en mayo. “Esto no tiene sentido (…) Es como trabajar contra uno mismo”.

En plena pandemia, los equipos necesarios para tratar a los pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, y los materiales para proteger a los trabajadores de la salud han convertido en un elemento codiciado, con países de todo el mundo compitiendo para lograr suministros cruciales. En Brasil, un escenario que se repite también en Estados Unidos, la lucha es también interna. Algunos estados compiten con el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien ya está enfrentado con muchos gobernadores por sus medidas para contener la enfermedad. En el estado de Maranhao también se han confiscado envíos.

Los expertos temen que estas rivalidades políticas puedan afectar a los esfuerzos para luchar contra el virus en el país, que tiene el mayor número de casos confirmados y fallecidos en la región, con 43.079 contagios y 2.741 decesos.

“Parece que hay una falta de confianza entre el gobierno federal y los gobernadores”, dijo Walter Cintra Ferreira Jr., profesor de gestión médica en la Universidad Fundaçao Getulio Vargas en Sao Paulo. “Lo que esperamos del Ministerio de Salud es una rápida distribución de los recursos. En este tiempo de crisis, creo que no es el momento de politizar estas cuestiones”.

 

VENEZUELA

Trump pide a Chevron que cierre operaciones en Venezuela

El gobierno del presidente Donald Trump le ordenó el martes a Chevron Corp. que reduzca gradualmente sus operaciones en Venezuela hasta llegar a un paro total para el 1 de diciembre, prohibiéndole al gigante petrolero de California, con más de 100 años de presencia en la nación sudamericana, que realice perforaciones o exportaciones hasta entonces.

Se trata del más reciente en una serie de pasos de parte de la Casa Blanca en contra del gobierno de Nicolás Maduro, incrementando la presión por poner fin a su presidencia y a más de 20 años de gobierno socialista que, según los críticos, ha llevado a la ruina política y económica a la que fuera alguna vez una rica nación petrolera.

Chevron es la última gran compañía petrolera de Estados Unidos con operaciones en Venezuela, habiendo invertido en yacimientos y maquinaria con un valor estimado de 2.600 millones de dólares, los cuales según analistas, posiblemente pasarían a estar bajo control del gobierno de Nicolás Maduro.

La firma dijo que seguiría las leyes y normativas, aunque seguía comprometida con la “integridad de los activos de nuestro emprendimiento conjunto, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias”, según el portavoz de la empresa Ray Fohr.

Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo; sin embargo, la inestabilidad política y la crisis económica han provocado que, en años recientes, unas 4,5 millones de personas hayan huido del país, en donde muchos carecen de servicios básicos como agua corriente, electricidad, gasolina y hospitales funcionales.

Después de imponer una serie de sanciones económicas y financieras contra Maduro y sus aliados, el gobierno de Trump ha emprendido una campaña de presión máxima en las últimas semanas. Fiscales federales acusaron formalmente a Maduro de narcotráfico y ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, además de desplegar buques y aviones de la Armada en el Caribe para interceptar cargamentos de narcóticos que tienen como destino final Estados Unidos.