Por Jordan Cade

A solo 2,7 kilómetros de San Fernando, en Sylmar, St. Jude Medical CRMD, una instalación de esterilización, emite silenciosamente óxido de etileno (EtO), un gas incoloro e inodoro que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifica como carcinógeno humano conocido. Cerca de 343,000 personas viven a menos de 8 kilómetros de la instalación, el 90% de ellas latinas. La zona también alberga 199 escuelas y centros de cuidado infantil.

La exposición al óxido de etileno es una crisis de salud silenciosa que se desarrolla ante nuestros ojos, y que los reguladores federales han hecho muy poco para detener. Para muchas familias del Valle de San Fernando, especialmente en comunidades ya cargadas por la contaminación industrial, esto representa una amenaza de salud pública silenciosa pero peligrosa. Sin embargo, los trabajadores de St. Jude Medical, expuestos al EtO día tras día en sus empleos, enfrentan el peligro más inmediato. Ellos respiran este gas tóxico una y otra vez, poniendo su salud y sus vidas en riesgo con cada turno.

A pesar de la creciente evidencia científica sobre los riesgos del EtO, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) no ha actualizado estándares de hace décadas destinados a proteger precisamente a los trabajadores y comunidades más expuestos. Sin límites más estrictos y una aplicación efectiva, miles de personas seguirán inhalando aire contaminado en los vecindarios donde viven, trabajan y crían a sus hijos.

El Veneno Necesario y la Falta de Rendición de Cuentas

El óxido de etileno se ha convertido en una piedra angular de la medicina moderna. Los hospitales dependen de él para esterilizar la mitad de todos los dispositivos médicos en Estados Unidos. Para instrumentos sensibles que no soportan vapor o calor, el EtO es indispensable. Pero el mismo gas que protege a los pacientes puede ir envenenando poco a poco a las personas que lo manipulan. La EPA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han vinculado la exposición crónica con un mayor riesgo de cáncer de mama, leucemia, linfoma y mieloma múltiple. Incluso el contacto a corto plazo con concentraciones elevadas de EtO puede provocar problemas respiratorios, mareos y problemas neurológicos.

Esta realidad es particularmente preocupante para las comunidades hispanas de San Fernando y Sylmar, donde una gran parte de la población es latina, muchos de los cuales tienen ingresos bajos y enfrentan desafíos por su limitado dominio del inglés. Estas comunidades ya enfrentan obstáculos para la atención médica, las protecciones ambientales y la representación política. El riesgo también afecta a cientos de escuelas y centros de cuidado infantil en las mismas zonas de exposición, exponiendo a los niños a un riesgo continuo por estas emisiones. Este problema se extiende más allá del Valle. En Los Ángeles, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) investigó una instalación de esterilización Sterigenics en Vernon y emitió múltiples avisos de violación después de que las liberaciones de óxido de etileno se vincularan con fallas en el control de la contaminación. Este patrón es familiar: las comunidades están expuestas, la acción regulatoria se retrasa y las protecciones eficaces se implementan solo después de un riesgo prolongado.

Estándares Desfasados, Exposición Continua

La raíz del problema no reside en el misterio, sino en la negligencia. Los límites de exposición permisibles (LEP) para el óxido de etileno no han cambiado desde 1984. Eso fue antes de que la toxicología moderna revelara cuán potente es este químico.

Hoy, la EPA reconoce que EtO es hasta 60 veces más cancerígeno de lo que se pensaba. Aunque la agencia ha propuesto reducir los límites de exposición en el lugar de trabajo a 0,1 partes por millón (ppm) para 2035, los estándares desfasados de OSHA siguen permitiendo exposiciones de 1 ppm, diez veces más alto. Ese vacío regulatorio ha dejado a los trabajadores de esterilización inhalando aire que el gobierno ya sabe que es peligroso. Esto no es un simple error técnico o burocrático; es una falla moral para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores.

California ha sido durante mucho tiempo un símbolo de reinvención, un lugar donde las industrias evolucionan y el progreso es la norma. Sin embargo, en varias regiones, reglas federales desfasadas y la discreción administrativa han dejado a trabajadores y familias expuestos a aire que provoca cáncer.

California Debe Liderar la Defensa Pública

Si bien la inacción de OSHA es de alcance nacional, California no tiene por qué esperar. El estado tiene el poder y el precedente para liderar. Las organizaciones de justicia ambiental y los sindicatos deben unirse y presionar a los legisladores para promulgar regulaciones de seguridad laboral más estrictas, implementar monitoreo continuo en tiempo real de la calidad del aire y actualizar los estándares de las instalaciones para reducir drásticamente el riesgo de exposición al EtO en el estado.

Las instalaciones deberían estar obligadas a instalar sistemas avanzados de ventilación y detección de fugas, realizar informes públicos regulares y proporcionar equipo de protección para todos los empleados. Los exámenes médicos de rutina también deberían hacerse obligatorios para ayudar a identificar signos tempranos de enfermedades relacionadas con la exposición. Estas propuestas pueden parecer radicales, pero son simplemente medidas básicas de salud pública.

California ha enfrentado crisis como esta antes, pero la razón y la conciencia finalmente han prevalecido, superando la codicia corporativa y la inacción federal. Todos podemos acordar que esperar otro desastre ambiental antes de endurecer las reglas no es una opción. Las herramientas para resolver este problema ya existen, pero también se necesita la voluntad política para enfrentar a una industria que prioriza las ganancias sobre las personas.

Si California quiere seguir liderando en justicia ambiental y laboral, debe comenzar enfrentando los peligros silenciosos en su propio entorno y exigir que agencias federales como OSHA cumplan finalmente con sus responsabilidades.

Jordan Cade es abogado de Environmental Litigation Group, P.C., con sede en Birmingham, Alabama. Representa a individuos y comunidades afectadas por la exposición a químicos tóxicos, trabajando para garantizar la rendición de cuentas y la justicia por violaciones a la salud ambiental.