Semantha Raquel Norris
Especial para San Fernando Valley Sun/el Sol
Los miembros de la comunidad han tomado la iniciativa de turnarse para proporcionar alimentos a los jornaleros, compartir información y recursos con ellos y estar atentos a las autoridades federales de inmigración en Home Depot, en la Ciudad de San Fernando.
La ubicación ha sido objeto de múltiples ataques desde junio, cuando la administración del presidente Donald Trump lanzó un ataque total contra las comunidades inmigrantes de Los Ángeles y dio luz verde a la profilación racial de personas que “se ven latinas” o hablan español.
“Hemos tenido ocho redadas en San Fernando en los últimos cuatro meses… Estamos agotados, estamos cansados, estamos asustados,” dijo la residente de la Ciudad de San Fernando, Brissa Magana, durante el segmento de comentarios públicos en la reunión del Concejo Municipal del lunes.
“Estoy rota, y también lo está mi comunidad”, continuó. “Les ruego que por favor hagan algo cuando las redadas del ICE lleguen a nuestra ciudad. Protejan a nuestras familias. Protejan a nuestros vecinos.”
Se plantearon cuestiones sobre cómo la Ciudad de San Fernando puede ayudar a proteger a sus comunidades inmigrantes, con preguntas sobre si el Departamento de Policía de San Fernando (SFPD) ha apoyado inapropiadamente a las autoridades federales de inmigración durante la reunión del Concejo Municipal el 10 de noviembre.
“Estoy muy preocupada por la seguridad de todos los residentes de San Fernando, y la violencia que el ICE [Inmigración y Control de Aduanas] ha traído a nuestra comunidad, y la respuesta inadecuada de la ciudad”, dijo Marisela Gutiérrez. “No nos sentimos seguros, y es preocupante que nuestra fuerza policial parezca estar coludiendo con los vigilantes.”
La semana pasada, después de un enfrentamiento entre un hombre que estaba grabando a los jornaleros y Nataja Jennings, un miembro de la comunidad que intentaba proteger su anonimato, el SFPD arrestó a Jennings.
Se programó una audiencia judicial para Jennings el 20 de noviembre.
Según el jefe de policía del SFPD, Fabian Valdez, la “alteración” entre los dos se intensificó, lo que llevó al individuo que grababa a alegar que ocurrió una agresión y a insistir en que Jennings fuera arrestada.
Otros presentes en el momento del incidente afirman que no se intensificó hasta el punto de agresión. Además, alegan que la persona que grababa estaba acosando a los voluntarios y cuestionan por qué Jennings fue la única detenida y arrestada.
Jennings ha sido elogiada y es bien conocida en el Valle del Noreste junto con otros voluntarios que han respondido regularmente a las redadas del ICE, grabando actividad y proporcionando ayuda directa a los jornaleros. Con silbatos en mano, se les ha acreditado por frustrar arrestos del ICE en algunas ocasiones.
Durante la reunión del concejo, Valdez se refirió a la “confrontación”, señalando que siempre deberíamos “volver a lo que aprendimos en el jardín de infantes: el sentido de que debemos mantener nuestras partes del cuerpo y nuestras manos para nosotros mismos”.
La alcaldesa Mary Mendoza sugirió que aquellos que protestan o alimentan a los jornaleros lo hagan de una manera “donde no se metan en problemas”.
Agregó que “quizás muchos de ustedes aquí atrás no son residentes de San Fernando” y que es importante que la comunidad entienda “cómo funciona la Ciudad de San Fernando,” cuáles son sus límites y cuándo es responsable el SFPD.
La concejal Patty López cuestionó a Valdez sobre lo que se espera que hagan los residentes y cómo el SFPD puede ayudar cuando hombres enmascarados no identificados están secuestrando a sus miembros de la comunidad.
California es un estado santuario bajo la SB54, lo que significa que la policía local no puede ayudar a las autoridades federales de inmigración, dijo Valdez, pero también no puede “impedir, retrasar u obstruir una operación federal”.
La Ciudad de San Fernando votó en contra de proclamarse como ciudad santuario.
“Somos un departamento de policía municipal que hace cumplir la ley estatal y local. No participamos en hacer cumplir la ley federal,” dijo Valdez. “La ciudad ya ha adoptado múltiples resoluciones para asegurar que no estamos cooperando, ni siquiera indirectamente, con funcionarios de inmigración o agentes federales con respecto a la aplicación de la inmigración.”
Los concejales señalaron varios programas que han implementado para ayudar a los miembros de la comunidad afectados por la actividad continua del ICE en la ciudad. Esto incluye una subvención de $50,000 para la organización sin fines de lucro Ignite the Light of Hope para entregar comestibles a familias que tienen miedo de salir de sus hogares; fondos directos de $250 para individuos y $500 para familias; y programas para ayudar con los pagos de alquiler.
Virginia Sandoval, un miembro activo de la comunidad que ha proporcionado ayuda a los jornaleros en Home Depot en la Ciudad de San Fernando, pidió al concejo que proporcionara transparencia y datos de esos programas.
“¿Cuántas de esas familias han sido ayudadas por las subvenciones de $50,000?” cuestionó Sandoval durante el comentario público. “Pedimos inclusión, pedimos transparencia, pedimos todo lo que se necesita para poder ayudar a las personas que están siendo impactadas activamente por lo que está sucediendo en esta ciudad.”
El concejo dirigió al personal de la ciudad a programar un foro comunitario después de las vacaciones para interactuar con los residentes y ayudar a responder preguntas sobre cómo la ciudad y el departamento de policía pueden ayudar a quienes se ven afectados por la aplicación de la inmigración.
“Por eso confiamos más en nuestra comunidad que en ustedes”, gritó alguien, poco impresionado por las acciones del concejo.
