Estimado Editor:
Un caso reciente en el Valle de San Fernando señala un problema claro en la aplicación de la inmigración: las familias no son informadas cuando una persona detenida es transferida entre instalaciones, incluso cuando esa transferencia ocurre a través de las fronteras estatales. Cuando las familias quedan sin esta información, no pueden confirmar dónde se encuentra su ser querido o si está a salvo.
La ausencia de notificación sobre las transferencias crea riesgos reales. Las familias son incapaces de localizar a los detenidos, comunicarse con abogados o proporcionar información médica o personal necesaria. Las transferencias sin aviso también pueden retrasar los procedimientos legales y dificultar que las personas accedan a asesoría o apoyo. Estos riesgos no son raros; son inherentes a un sistema que permite que las personas sean reubicadas sin la debida comunicación.
Este problema persiste porque las reglas actuales no exigen que ICE notifique a las familias cuando ocurren transferencias. Tratar la notificación como opcional prioriza la eficiencia sobre la responsabilidad y aumenta la probabilidad de daño sin proporcionar un beneficio público claro.
Insto al Representante Brad Sherman a avanzar en una legislación que exija a ICE notificar a los miembros inmediatos de la familia dentro de las 24 horas cada vez que un detenido sea transferido entre instalaciones. Asegurar la notificación de transferencias reduciría el riesgo, mejoraría la transparencia y protegería a las familias de la incertidumbre innecesaria.
Las familias no deberían tener que buscar respuestas cuando una simple notificación podría prevenir el daño. La transparencia durante las transferencias debería ser una práctica estándar.
Atentamente,
Rachel Sandoval
Ciudad de San Fernando