CHILPANCINGO, México (AP) — Los cuerpos de las primeras fosas clandestinas localizadas en el sur de México no corresponden a algunos de los 43 estudiantes desaparecidos, anunciaron las autoridades, y aunque aún se indagan los restos hallados en otras tumbas, se abre una nueva esperanza de que estén vivos.
Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó en rueda de prensa que, luego que se realizarán pruebas de ADN a los restos de 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas hace poco más de una semana, se determinó que no corresponden a los de algunos de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“En las primeras fosas encontradas… no corresponde a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han dado”, dijo Murillo, y comentó que aún no se sabe quiénes son las víctimas.
Las autoridades aún realizan las pruebas a restos de otras cuatro fosas, añadió, al tiempo que evitó cuantificar cuántos cuerpos habría en el lugar. Ante reportes de policías comunitarios de Guerrero de que habían detectado más fosas, Murillo dijo que sólo se encontró una nueva tumba clandestina el martes, con lo cual suman diez.
El procurador dijo que también se detuvo a 14 policías de Cocula, municipio vecino a Iguala, donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre y cuyo paradero aún se desconoce.
En total han sido detenidas cerca de 50 personas, agregó, en su mayoría policías de Iguala y Cocula, además de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Reconoció que aún falta dar con los autores intelectuales y el móvil.
“Hay una luz de esperanza de que están con vida”, comentó Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso, de 19 años, uno de los desaparecidos.
Rodríguez recibió la noticia mientras esperaba el plato de arroz, pollo y tortillas que cada día prepara para las familias la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los 43 desaparecidos. Y se alegró de la detención de más policías porque ahora, dijo, pueden decir “la verdad”, qué pasó el 26 de septiembre y dónde están los jóvenes.
Al preguntársele si las investigaciones apuntan a las autoridades o al grupo del crimen organizado, el procurador respondió que “trabajaron conjuntamente” y que ahora se busca determinar si ese trabajo fue “de coordinación o subordinación”.
Las desapariciones ocurrieron luego de varios ataques ocurridos la noche del 26 de septiembre, cuando la policía y civiles armados dispararon contra los autobuses en los que los estudiantes se disponían a salir de Iguala, un municipio del estado sureño de Guerrero. Los disparos dejaron seis muertos y 25 heridos.
Las autoridades han reportado que los alumnos habrían sido detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos. Pero ahora Murillo dijo que también tuvieron algo que ver policías de Cocula, los cuales alteraron las bitácoras para ocultar su participación.
Políticos y autoridades han señalado que familiares de la esposa del alcalde de Iguala forman parte de Guerreros Unidos, un grupo que surgió a partir de divisiones en el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Y tanto el presidente municipal José Luis Abarca, como su cónyuge, María de los Ángeles Pineda, han sido declarados prófugos.
Un presunto jefe de Guerreros Unidos se suicidó el martes en la madrugada durante una operación de fuerzas federales en Morelos, un estado vecino a Guerrero, aunque no está claro si el hombre estaría vinculado a la desaparición de los jóvenes.
Benjamín Mondragón, alias “Benjamón”, se dio un tiro en la cabeza para evitar ser detenido, dijo el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Tras un intercambio de disparos, el presunto capo negoció la salida de su esposa embarazada donde se encontraban ambos, pero luego se suicidó, agregó el funcionario.
En el lugar capturaron a dos de sus sobrinos que supuestamente formaban parte de su equipo de seguridad.
Policías federales realizan diversos patrullajes en un área de unos 60 kilómetros alrededor de la zona de Iguala para intentar dar con el paradero de los estudiantes, agregó Rubido.
En la mañana del mismo día, el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, dijo en MVS Radio que algunas de las primeras cinco fosas localizadas no fueron abiertas recientemente, lo que le hacía pensar que al menos algunos de los 28 cuerpos encontrados ahí corresponderían a víctimas del grupo criminal, pero no de los estudiantes.
Al menos uno de los presuntos sicarios detenidos con anterioridad había declarado a autoridades estatales que le habían ordenado matar a 17 de los estudiantes. Según el procurador estatal, el hombre declaró que un líder de Guerreros Unidos, a quien sólo identificó como “El Chuky”, habría sido quien ordenó el asesinato.
Un experto en antropología forense, que trabaja con investigadores federales, explicó que las identificaciones de cuerpos son procesos complejos que toman tiempo, especialmente cuando se trata de restos calcinados en los que apenas queda materia útil para extraer el ADN.
“Si un hueso es cremado a más de 300 grados se hace prácticamente imposible su identificación porque se quema el colágeno”, dijo Jorge Arturo Talavera, coordinador de equipo de bioarqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Por eso el crimen organizado empezó a adoptar esta técnica”.
La desaparición de los jóvenes ha desatado la indignación de diversos sectores dentro y fuera de México, y ha sacudo la imagen de relativa mejoría en la seguridad pública que el gobierno federal ha tratado de mostrar en los casi dos años que lleva en el poder el presidente Enrique Peña Nieto.