Úlises Guerrero y familia.

Úlises Guerrero a veces se siente perdido, desesperado y simplemente derrotado.

Y no es por menos. Desde que fue aprehendido en una redada migratoria en la fábrica Micro Solutions Enterprises en Van Nuys junto con 137 otros indocumentados en Febrero de 2008, el hombre de 35 años ha venido luchando para quedarse en el país.

Hace dos años le dieron una orden de deportación, la cual apeló. En Julio se casó con su esposa, Sandra Zamorano, una ciudadana de Estados Unidos, quien ya lo pidió ante las autoridades migratorias. Pero ese proceso pudiera durar hasta un año y Guerrero tiene una cita en la corte de inmigración con respecto a su orden de deportación el 3 de Diciembre.

El juez puede concederle un permiso para quedarse en el país mientras sigue en curso la petición de su esposa o puede enviarlo de regreso a México para esperar la decisión allá.

Ahora su esposa y madre de su hijo de dos años, Isaac, que ha venido rezando por un milagro para que su pareja se quede en el país, apelará directamente a alguien quien espera lleve esas plegarias ante un poder más alto, tanto en el cielo como en la tierra.

Zamorano es una de 19 personas (13 adultos y seis niños con padres indocumentados) que viajarán a Washington D.C. cuando el Papa Francisco hable ante el Congreso. Será el primer viaje del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a Estados Unidos y se espera que aquí hable sobre el tema migratorio. La delegación está siendo organizado por diferentes grupos que abogan por los migrantes.

El Papa Francisco arribará en Estados Unidos el 22 de Septiembre. Un día después tendrá una reunión personal con el Presidente Obama en la Casa Blanca y el 24 de Septiembre ofrecerá un discurso ante una sesión especial en conjunto del Congreso antes de partir a New York y Philadelphia.

“Voy a ir a apoyarlo y representarlo (a mi esposo) a mis papás también y todo el resto de la gente que no tiene papeles”, dijo Zamorano, quien vive en Pacoima.

Sus padres, una madre salvadoreña y un padre chileno, quienes han vivido en Estados Unidos por más de 20 años, también son indocumentados.

LUCHA MIGRATORIA

Sus padres y esposo se habrían beneficiado de la Acción Diferida para Padres con Hijos Residentes y Ciudadanos (DAPA, uno de los programas anunciados por el Presidente Obama en Noviembre de 2014). Pero una demanda presentada por 26 estados en la corte federal ha invalidado ese programa mientras el gobierno apela la decisión emitida por un juez en Texas. Esa lucha legal podría durar por varios años.

Zamora espera que el Papa pueda escuchar sus plegarias y le pida al Congreso que tome acción sobre la reforma migratoria. No tienen una cita con el Sumo Pontífice, pero estarán en la cámara del Congreso cuando Francisco, el primer jefe de la iglesia católica procedente de Latinoamérica, hable ante los legisladores federales.

“Así como él fue inmigrante, esperamos que hable con ellos (los Congresistas) y les ablande el corazón”, dijo Zamorano, quien estará acompañada en el viaje por su hermana menor, Angela, de 12 años.

Para poder ir a Washington D.C., todos los participantes debieron recaudar el dinero para pagar por el viaje.

“Mi esposo vendió comida y reunió $320. Yo estuve vendiendo la ropa y los juguetes de mi niño en Internet y saqué $220”, dijo ella. Eso cubrió el pago del pasaje. Todavía intentan recaudar fondos para cubrir los costos de la comida y el hospedaje.

La familia unió esfuerzos para pagar por el boleto de Angela.

Pero Zamorano no se da por vencido. Ella dice que ir a Washington D.C. es una forma de luchar por sus padres y esposo.

“Es muy difícil (enfrentar esto). Cuando pienso en que él (mi esposo) no esté aquí, si lo fueran a deportar, no sé qué haría. El es el que trae dinero a la casa. No quiere que le pase algo. No sé si me iría con él o si me quedaría porque quiero que mi hijo crezca en su país”.

Guerrero, quien entró al país con una visa de turista en 2002, nunca había tenido problemas con la ley hasta que fue detenido en la redada de inmigración. El ya pagó más de $4,000 a un abogado que lo representa en su caso migratorio y todavía le falta pagar al menos $1,000 más.

“Nosotros, como ciudadanos estadounidenses, debemos luchar por la gente indocumentada que está en las sombras. Debemos representarlos y levantar la voz por ellos”, dijo Zamorano.

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