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IGUALA, México (AP) — El anterior alcalde está en la cárcel y el nuevo quiere “dar vuelta a la página” del peor capítulo en la historia de esta ciudad del sur de México.

Hace 15 meses, cuando los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de la policía local y de miembros de un cartel de las drogas, Iguala se convirtió en el símbolo de la brutalidad del narcotráfico en México.

Ahora, la policía federal está a cargo de la seguridad, el oficialista Partido Revolucionario Institucional gobierna la ciudad y el alcalde Esteban Albarrán Mendoza sólo quiere ver hacia adelante.

“Yo quisiera que preguntaras a los comerciantes, que le preguntaras a los taxistas, a lo que hacen las amas de casa, a los que hacen de manera cotidiana su vida aquí en el municipio lo que está padeciendo en este momento”, dijo Albarrán. “Hay zozobra. No hay tranquilidad. No hay seguridad. A todo este tipo de cosa queremos dar vuelta a la página”.

¿Pero cómo puede avanzar esta ciudad cuando, de acuerdo con el recuento de un diario local, hubo cinco asesinatos durante la primera semana de Albarrán en el cargo y 25 en sus primeros dos meses?

Las desapariciones continúan y la mayoría de los desaparecidos no han sido localizados. Para cientos de familias de alrededor de Iguala no hay ninguna posibilidad de cambiar la página mientras no tengan una prueba de que sus seres queridos murieron o que tengan un cuerpo para rendirle luto.

Los martes, familiares de desaparecidos se reúnen en el sótano de la iglesia de San Gerardo para escuchar los nuevos números de la Procuraduría General de la República sobre cuerpos encontrados, cuerpos identificados, cuerpos regresados a sus familiares. La mayoría se va sin respuestas y regresa a casa a esperar una llamada para ir a ver fotografías de ropa o recibir información sobre alguna coincidencia de las muestras de ADN que han dado.

Y al mismo tiempo que buscan resolver viejos horrores, aparecen nuevos.

Zenaida Candia Espinobarro pasaba sus domingos con otras familias en las montañas alrededor de Iguala en busca de fosas clandestinas, de los posibles restos de unos de sus hijos que desapareció hace dos años.

Pero mientras buscaba los huesos de uno de sus hijos, perdió otro: Armando Velázquez Candia fue baleado por dos hombres a bordo de una motocicleta cuando estaba enfrente de la casa de su novia la tarde del 26 de octubre. Diez días después murió.

Además de la violencia, el tráfico de drogas también continúa. A pesar de la presencia de la policía estatal y federal, y del Ejército, no hay señales de que el narcotráfico haya disminuido en Iguala o en algún otro lugar del estado de Guerrero, donde se produce marihuana y pasta (goma) de opio para abastecer el mercado de la heroína en Estados Unidos.

Otra vez este mes, autoridades estatales y federales prometieron más seguridad para Guerrero y erradicar los cultivos de amapola. Reconocieron que los esfuerzos anteriores han tenido poco impacto.

No es que en Iguala no haya algunos cambios: el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez fue detenido y acusado de asesinato como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes; además, 66 policías de Iguala y de la localidad vecina de Cocula, permanecen también en prisión.

Las autoridades disolvieron la policía local que supuestamente entregó a los estudiantes al cartel de los Guerreros Unidos, el cual, según las autoridades, tenía vínculos cercanos con Abarca.

Albarrán, de 47 años, asumió el cargo como nuevo alcalde el 30 de septiembre. Tiene grandes planes: un gobierno transparente, y contribuir a tener una ciudad más próspera. Pero en una reciente conferencia de prensa este mes reconoció que Iguala aún es insegura.

“Hace ocho días exactamente yo estaba diciendo… que teníamos nueve, 10 días que no había sucedido nada”, dijo. “Y desgraciadamente, desafortunadamente ese mismo día a las cinco de la tarde y a las siete de la noche se suscitaron dos situaciones muy lamentables”.

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