Algunos de los habitantes decidieron sacar sus pertenencias antes que las autoridades policiales intervinieran. Foto: Jessica Orellana/ ContraPuntoTV

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Más de un millar de personas se han visto forzadas a dejar sus casas por amenazas de las pandillas y en algunos casos por presiones de policías y militares desde el 2015 en El Salvador, denunciaron esta semana organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Celia Medrano, de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado en El Salvador, informó a la prensa que se trata de casos atendidos directamente por sus organizaciones y advierte que el fenómeno —que afecta mayormente a zonas rurales y es producto de la violencia que golpea a la nación centroamericana— podría ser “más grave”.

Detalló que en el 2015 se registraron 146 casos de desplazamiento forzado que implica a unas 623 personas, mientras que de enero a agosto se contabilizaron 88 con un estimado de 396 víctimas.

Para Medrano, el desplazamiento se produce “a partir de acciones de las pandillas y en un porcentaje de estos casos son víctimas del desplazamiento forzado por instancias tales como la Policía Nacional Civil y fuerza armada salvadoreña”.

La defensora también criticó las afirmaciones de las autoridades de seguridad pública en el sentido que algunas de las familias desplazadas tienen relación con las pandillas.

Dijo que los casos registrados por la mesa no tienen ese tipo de vinculación y que las aseveraciones de las autoridades de seguridad reflejan que adolecen de un “diagnóstico imparcial”.

Arrestan a 50 pandilleros

El anuncio se da la misma semana en que la policía salvadoreña detuvo a más de 50 pandilleros, entre ellos el hermano de unos de los cabecillas de estos grupos criminales.

La Fiscalía General de la República informó que en la comunidad San Rafael, en la periferia oeste de la capital salvadoreña, la policía capturó a Miguel Umanzor, hermano del cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS 13), Dionisio Arístides Umanzor, detenido en una cárcel de máxima seguridad.

Umanzor, que será procesado por feminicidio y privación de la libertad, negó estar involucrado con las pandillas y haber cometido los delitos que se le imputan.

“Me acusan de organizaciones terroristas o algo así, pero yo soy una persona trabajadora”, manifestó Umanzor, de 44 años.

A su vez se desarticuló una estructura delictiva dedicada a la extorsión. Entre los detenidos figura el negociador de la pandilla, identificado como Carlos Eduardo Ramírez Gil, quien junto con otros miembros del grupo criminal operaba en localidades de las afueras de San Salvador.

El Ministerio público detalló que los detenidos serán procesados por los delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, extorsión y pertenencia a organizaciones terroristas.

En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró que las pandillas y quienes las apoyen y financien son terroristas, por lo que los tribunales podrán imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.

El Ministerio Público sostuvo que con la desarticulación de estos grupos que operaban en la periferia oeste de la capital “se ha dado un duro golpe a la operatividad criminal delincuencial que mantenían en las zonas intervenidas”.

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70,000 jóvenes y adolescentes. Más de 13,000 están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad donde están completamente incomunicados con el exterior.

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