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GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema revisará una petición de la fiscalía guatemalteca para retirar la inmunidad parlamentaria al presidente del Congreso, Mario Taracena, a quien una empleada acusó de haberla desalojado violentamente de una oficina.

Un juez pasó el caso a la Corte Suprema este lunes, donde se tomará una decisión sobre la solicitud de la fiscalía basándose en la legislación de violencia contra la mujer.

“Es absurdo lo que están haciendo. Descalifican y le hacen daño a la ley de feminicidio”, dijo Taracena a la prensa, y afirmó que esto es una maniobra contra su reelección.

La denuncia fue presentada por la secretaria de un sindicato del Congreso, mismo que mantiene una disputa con Taracena a causa del despido de un grupo de sindicalistas acusados de cobrar salarios superiores a los de los diputados.

En entrevista para The Associated Press, Julia Barreda, vocera de la fiscalía, dijo que Taracena desalojó a la empleada por la fuerza desde una oficina pública.

El proceso se inició tras la presentación por parte del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol) de una denuncia por una discusión en las instalaciones del Congreso en las que varias trabajadoras acusaron a Taracena de insultarlas.

Por estos hechos, el pasado 30 de septiembre la Justicia prohibió al presidente del Congreso acercarse a tres trabajadoras del ente legislativo y alertó de que si incumplían la medida podrían ser arrestadas.

La decisión judicial, comunicada en su momento a la Policía Nacional Civil (PNC), incluía una protección de un mes en favor de la sindicalista Jaqueline Suárez y tres meses de protección para Nidia Rivera y María Camey Estrada.

Las sindicalistas presentaron hace unos meses una acción de inconstitucionalidad contra la ley de servicio civil, con el objetivo de dejar sin efecto el artículo que prohíbe la contratación de parientes de diputados y trabajadores de ese organismo.

La demanda se presenta justo cuando Taracena, diputado opositor al gobierno, aspira a la reelección.

“El presidente tiene derecho a un juicio. Por eso se ha solicitado el retiro de la inmunidad; para que la fiscalía le investigue”, dijo Barrera.

Durante 2016, Taracena acusó a varios diputados y exdiputados de mantener “plazas fantasmas” en el Congreso, por lo que éstos reciben un salario sin presentarse a trabajar. Lo anterior derivó en procesos judiciales contra ellos y generó varios enemigos para el presidente de la legislatura.

Desde 2008, Guatemala tiene en vigencia la Ley contra el Feminicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, que tiene por objeto “garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley”.