SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Se hacen llamar “Inquieto” y “Peligro”, y este martes fueron condenados a prisión.
La noticia del crimen que cometieron se dio a conocer en marzo, cuando secuestraron y asesinaron a 11 personas en el municipio de San Juan Opico, una zona rural ubicada a 43 kilómetros de la capital. Tres de las víctimas eran campesinos de un cañal; los ocho restantes trabajaban para una empresa distribuidora de energía eléctrica.
La matanza se produjo en una época difícil para El Salvador, ya que sólo en los dos primeros meses del año el país registró un aumento considerable de muertes (un promedio de 23 homicidios por día). Por ello, el gobierno endureció sus medidas de seguridad: decretó estado de emergencia en siete cárceles, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas extraordinarias y se autorizó que algunos criminales fueran sometidos a aislamientos severos.
En julio de 2016, las autoridades aseguraron que el promedio de asesinatos se redujo casi a la mitad.
La resolución del tribunal de menores que revisó el caso de Juan y Otoniel —nombres reales de “Inquieto” y “Peligro”— fue condenar a los menores de edad a cinco y 15 años de internamiento. El primero por conspiración para cometer el crimen; el segundo por haber disparado contra los trabajadores.
Se cree que ambos pertenecían al Barrio 18, una de las pandillas más violentas de El Salvador junto con la Mara Salvatrucha.
La Fiscalía General de la República informó que la Unidad Especializada Antipandillas presentó las evidencias necesarias para llevar a cabo el juicio. Los menores serán recluidos en el Centro El Espino, ubicado en el departamento de Ahuachapán, al oeste del país fronterizo con Guatemala.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público está el relato de un testigo protegido, un pandillero que asegura que Otoniel cargaba una metralleta y Juan tenía una escopeta. Según el testigo, ambos eran acompañados por otros miembros armados de la misma estructura criminal.
La ley penal juvenil establece que un joven de entre 16 y 18 años podrá ser condenado a una pena máxima de internamiento de 15 años en caso de cometer un delito.
El resto de los pandilleros involucrados —nueve mayores de edad— están siendo procesados en otro tribunal de la capital.
Mueren pandilleros en tiroteo
El dictamen se dio un día después que seis presuntos pandilleros murieron al enfrentarse a efectivos de la policía y de las fuerzas armadas en otro episodio del combate a estas estructuras criminales que en los últimos meses han emigrado hacia el campo, informaron el lunes las autoridades.
La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República reportaron que unidades de las fuerzas de seguridad fueron alertadas de la presencia de los delincuentes en una zona rural del municipio de Olocuilta, a 22 kilómetros al sureste de la capital, produciendo el enfrentamiento armado entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
En lo que va del año se han registrado más de 480 intercambios de disparos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados asociados a las pandillas, en los que han muerto más de 430 presuntos criminales.
Luego de una matanza de 11 trabajadores en abril que se le atribuye a las pandillas, el gobierno salvadoreño decretó estado de emergencia en siete cárceles y trasladó a un penal al oeste del país a los reconocidos cabecillas de estos grupos criminales. Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter aislamientos severos a estos criminales.
Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas son responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.