El circo político ha comenzado una vez más en el Ayuntamiento de San Fernando, evidente esta última reunión del concilio de la ciudad. Allí, padres locales instaron al concilio en nombre de escuelas y niños a tomar acción en favor de viviendas asequibles, el Concejal Joel Fajardo dejó por vender (por decir) a ex funcionarios, y el Concejal Jaime Soto se lanzó con acusaciones que el procurador de la ciudad posiblemente “colude” con intereses especiales.

Sin embargo, a pesar del espectáculo, el concilio no tomó ninguna medida en regular las unidades segundarias de vivienda, comúnmente conocidas como “granny flats” o cabañabuelas , permitiendo que las regulaciones laxas del estado se mantengan. 

Se abrió la sesión con el comentario público de padres cuyos hijos asisten a la Primaria San Fernando. Hablando en español, instaron al ayuntamiento a hacer algo con respecto a los altos alquileres y la falta de viviendas disponibles, aludiendo a la legalización de los garajes convertidos y las segundas viviendas. Uno de los tres padres, Marina Díaz, dijo que estaba preocupada por “las personas y los niños en la calle que tienen un impacto en las escuelas”.

Ella dijo que los niños no pueden aprender en la escuela si están preocupados por vivir en la calle.

Diaz, junto con dos otros padres, menciono estar allí con One LA, una red de organización comunitaria. Ella le dijo al El Sol que se involucró a el tema de viviendas asequibles porque ella y su familia experimentaron 3 meses de no encontrar un lugar donde vivir después de ser desalojados.   Díaz dijo que One LA está ayudando a los padres a organizarse, pero en realidad fue la directora de la escuela quien hizo la llamada de acción.

“Lo que queremos más que nada es que haya vivienda, porque no hay viviendas.  Que podamos obtener que los garajes sean rentable para las personas, dignamente,” ella dijo. 

Otro padre, Raúl Gómez, dijo que también estaba preocupado por las personas que no pueden con los altos alquileres, y preguntó cómo puede recibir un permiso para convertir su garaje. Dijo que había preguntado previamente en el ayuntamiento y fue rechazado, pero ahora ha oído que se han emitido diez permisos.

“Así que como dueño [de casa], estoy aquí para averiguar cómo puedo ir a obtener un permiso para arreglar mi garaje. ¿Qué necesito para obtener el permiso o qué hicieron estas diez personas para obtener ese permiso? “, Preguntó.

Los garajes convertidos y las segundas viviendas  fue el tema principal de la noche, extendiendo la reunión más allá de las 11 pm.  Había tres temas en la agenda sobre el caso, uno de ellos una ordenanza de “urgencia” que debería de haber tenido un voto. La ordenanza, U-1666, impusiera restricciones a las segunda viviendas y los garajes convertidos, que se legalizaron en California el 1 de enero, pero la presión de los asistentes forzó al consejo a retrasar el voto.

“¿Qué prisa? ¿Planean construir algo en su casa? ¿Van a convertir su garaje? ¿Por qué tanta prisa? ” preguntó Brenda Pérez, residente de San Fernando.

La ex asambleísta Patty López, residente de San Fernando, también asistió y le exigió al concilio  que representaran a las familias de la ciudad, no solo a negocios y intereses especiales.

“Escuchen a los residentes, no a las empresas”, dijo López. “Su trabajo es representar a todos, no sólo a las personas que tienen dinero. Estoy feliz de que ustedes van a aprobar la vivienda para las familias, pero nuestras familias son las primeras, no su compadre o comadre, nuestras familias son lo primero”.

También preguntó por qué el concilio estaba votando en ordenanzas antes de ser presentadas al público.

La ordenanza a la que se refería López es U-1666, la cual limitará las unidades a ser no más de 640 pies cuadrados y requerirá estacionamiento cubierto en la propiedad para el hogar principal y la segunda vivienda. Pero como el concilio decidió retrasar la votación hasta que todo el concilio estuviera presente (el Concejal Robert Gonzales estaba ausente), las regulaciones actuales del estado de California se mantienen, permitiendo que las unidades sean hasta 1,200 pies cuadrados sin requerir que se añade estacionamiento si una segunda vivienda se construye o se convierte un garaje.

Otra residente, que estaba a favor de pasar el U-1666, preguntó por qué el concilio no planteó restricciones antes de que la ley de California entrara en vigor, y cuestionó al concejal Joel Fajardo, quien también estaba a favor de aprobar la ordenanza esa noche, como es que Él puede sentarse en el comité para regular las unidades secundarias, cuando él ha sometido una aplicación para construir uno en su propiedad.

“Mi pregunta es, ¿serán sus recomendaciones para el comité para su propio beneficio o para el beneficio de la comunidad?” dijo.

Para defenderse, Fajardo empezó a culpar a otros. Primero culpó al administrador anterior de la ciudad, Brian Saeki, por estar desorganizado y no notificar al concilio de la ley estatal. Luego señaló que la ex Asambleísta López, quien estaba presente, “votó para apoyar esta medida no una, sino dos veces.” 

“Entonces para tener todos cabeceos y suspiros”, dijo antes de que la alcaldesa Silvia Ballin le cortó y aconsejó que no es prudente para el concejal distinguir a individuales en la audiencia.

El Concejal Antonio López contribuyó poco al alboroto, pero expresó frustración con sus colegas.

“Estamos creando un mal servicio a la comunidad si no aprobamos esta ordenanza en este momento. Lo que va a suceder mañana es que va a haber viviendas segundarias de mil pies cuadrados, de 1200 pies cuadrados”, dijo el Concejal López.

“No entiendo la complejidad de este artículo.  Solo  damos vueltas y vueltas, no sé cuántos términos más sencillos puedes poner aquí ” él dijo. 

El para arriba y el para abajo parecía haber terminado por la noche, con los miembros del concilio pasando por otros temas del agenda sin conflicto, hasta que el último tema fue abordado, el punto número 10: Discusión sobre la vivienda para mujeres veteranas y uso de propiedades para apartamentos adicionales en San Fernando.   Sin embargo, esa discusión terminó siendo una diatriba del concejal Soto acusando al procurado de la ciudad, Olivarez Madruga, de “no actuar de manera responsable ni transparente”.

El tema actual de viviendas para veteranos no fue discutido, ni hubo comentario indicativos de las acusaciones de Soto, tras recomendaciones de no comentar por parte de la alcaldesa Ballin y el asistente del fiscal de la ciudad, Richard Padilla, este último avisando comentar sobre el tema puede ser una violación de la Brown Act, ya que es una discusión que se debe de hacer sesión cerrado. En cambio, el ayuntamiento de la ciudad suspendió la reunión y entró en dicha sesión.