Ulises Guerrero recuerda el día vívidamente. Sucedió el 7 de febrero de 2008. Su turno de las 3 p.m. acababa de empezar en Micro Solutions Enterprises, una fábrica de Van Nuys que producía cartuchos para impresoras.
Guerrero, ahora de 37 años, había estado trabajando allí por cinco años y era un supervisor.
“No sabíamos quiénes eran. Pensábamos que eran policías regulares”, recordó Guerrero, oriundo de Tijuana, México.
Muchos pensaron que la policía había aparecido después de una racha de robos en autos la semana anterior en el estacionamiento de la compañía.
Pero se trataba de 40 agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que llegaron a la fábrica, cerrando calles cercanas y rodeando a los 200 empleados en ese turno.
“Tres oficiales vinieron y nos dijeron que hicieramos una fila, una para los que tenían papeles y otra para los que no tenían”, recordó Guerrero.
ICE había llegado a la fábrica en busca de ocho personas con antecedentes penales, incluyendo los sospechosos de usar identificaciones falsas. Al final de esa redada los agentes habían detenido a 138 indocumentados, Guerrero entre ellos.
Todos fueron esposados y subidos a autobuses que los llevaron al centro de detención de inmigración en el centro de Los Angeles. Guerrero fue liberado después de pagar una multa de $1,500. Eso le evitó tener que llevar un monitor de tobillo como el resto de los inmigrantes que no podían pagar esa multa mientras esperaban una audiencia de inmigración.
Pero ese arresto cambió su vida.
Ya no podía trabajar. Por varios meses después, iba a las oficinas de ICE los lunes y un agente de ICE llegaba a su casa los viernes. Esto aseguraba que no se volviera un fugitivo de la ley.
La atención mediática a esa redada fue enorme. Activistas y organizaciones les proporcionaron ayuda y apoyo legal a todos los migrantes detenidos, mientras luchaban contra casos de deportación.
Contra las incursiones en el lugar de trabajo
La redada migratoria en Micro Solutions Enterprises fue la última de su tipo en Los Angeles y una de las más grandes en el país.
Desde que tomó el cargo, el Presidente Donald Trump ha ampliado la aplicación de las leyes de inmigración. El mes pasado, 188 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el sur de California.
Hasta ahora, la aplicación de las leyes migratorias se ha centrado en agentes que van a las casas de aquellos que están en el país ilegalmente, muchos de ellos con antecedentes penales. Pero los activistas – y muchos inmigrantes indocumentados – temen de que las incursiones en el lugar de trabajo sean el siguiente paso de las autoridades.
El asambleísta de California David Chiu (Demócrata de San Francisco) está tratando de anticiparse a esto que con su proyecto de ley, AB 450 (la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante).
La Asamblea aprobó recientemente la medida, que protege a los trabajadores de las redadas migratorias en el lugar de trabajo. El proyecto de ley está ahora en el Senado estatal.
“En un ambiente de división y miedo, California debe continuar defendiendo a sus trabajadores, proteger sus valores, y asegurar que sus leyes protejan a todos nuestros residentes”, dijo el Asambleísta Chiu, un hijo de inmigrantes y un ex abogado de derechos civiles. “AB 450 declara la determinación de California de proteger nuestra economía y las personas que están trabajando arduamente para contribuir a nuestras comunidades y criar a sus familias con dignidad”.
David Huerta, Presidente del sindicato SEIU USWW, señaló que “uno de cada 10 trabajadores en California es un inmigrante indocumentado”.
“Los inmigrantes recogen nuestras cosechas, preparan nuestras comidas, cuidan a nuestros hijos y ancianos, limpian nuestros edificios y son parte del tejido de nuestros lugares de trabajo, nuestra economía y nuestras vidas. California debe tomar cada paso que pueda para asegurar que nuestros lugares de trabajo no se conviertan en el lugar de detención ilegal y violaciones injustificadas de los derechos de los trabajadores”, indicó Huerta.
Las disposiciones específicas de AB 450 incluyen:
• Proteger a los trabajadores de ser detenidos injustamente en su lugar de trabajo, requiriendo a los empleadores que soliciten una orden judicial antes de conceder el acceso de ICE a una empresa.
• Evitar que los empleadores compartan información confidencial de los empleados, como un número de Seguro Social, sin una orden judicial.
• Requerir a los empleadores que notifiquen al Comisionado de Trabajo y al representante de los empleados de una redada en el lugar de trabajo. Los empleadores también deben notificar al Comisionado de Trabajo, empleados y representantes de empleados de una auditoria I-9 (revisión de documentos laborales por parte de Migración).
• Evitar que los empleadores tomen represalias contra los empleados que reportan reclamos laborales al permitir que los trabajadores que son cruciales para una investigación de reclamo laboral puedan recibir la certificación del Comisionado del Trabajo. Esta certificación protegería al trabajador y ayudaría a adjudicar con éxito las violaciones laborales.
Miedo en la comunidad inmigrante
El reciente repunte en la aplicación de la ley migratoria ha atizado el miedo en la comunidad migrantes.
Guerrero no es inmune a esto.
“Todos estamos asustados con lo que está sucediendo”, admite.
Él apoya la AB 450 porque piensa que las incursiones en el lugar de trabajo son injustas.
“No es como si te pillaran siendo un delincuente. Cuando ellos (ICE) van a algún lugar, se llevan a todos (los indocumentados) que están ahí, no sólo a la persona que están buscando”, dijo Guerrero.
Después de pelear su caso en las cortes de migración durante ocho años, su orden de deportación fue finalmente revocada en Noviembre de 2016.
Actualmente está tratando de regularizar su estatus a través de su esposa Sandra Zamorano, una ciudadana estadounidense con quien se casó hace cuatro años. Tiene dos hijos con ella.
Su consejo a los que puedan enfrentar una redada migratoria es pelear su caso.
“La mayoría de nosotros (que fuimos detenidos en Micro Solutions Enterprises) todavía estamos aquí. Mientras no firmes una orden de deportación, tenemos el derecho de pelear nuestro caso”.
También recomienda a cualquiera que sea indocumentado no infringir la ley y no cometer ningún crimen.
“Tres de mis compañeros de trabajo que habían cometido crímenes – algunos con DUIs (manejar bajo la influencia) -fueron deportados el mismo día”, recordó.
Su esposa está de acuerdo.
“Creo que la AB 450 es una gran idea”, dijo. “Las familias tienen miedo de ir a trabajar debido a la Inmigración. Hay un montón de niños preocupados de que sus padres no van a regresara a su casa más tarde”.
“No es como si estuvieras cometiendo un crimen. No eres miembro de una pandilla o estás haciendo violencia. Deben dejarlos seguir (en el trabajo) porque todo lo que están haciendo es proveer para sus familias”, agregó Zamorano.