BOLIVIA

Bolivia pide salida de diplomáticos de España y México

La presidenta interina de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México y a la encargada de Negocios y el cónsul de España, a quienes dio 72 horas para abandonar el país, tras la aparición de “encapuchados” españoles en la embajada mexicana en La Paz.

“Este grupo ha lesionado al pueblo y al gobierno constitucional. Su conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a oficiales bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar”, dijo la mandataria Jeanine Áñez en una declaración que leyó a la prensa en la casa de gobierno.

Cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve exfuncionarios de exmandatario Evo Morales a quienes el gobierno boliviano rechaza concederles un salvoconducto y los acusa de delitos comunes, según ha denunciado la canciller Karen Longaric.

Las cancillerías de España y México afirmaron, por separado, que se trató de una “visita de cortesía” de la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, a Mercado y que no hubo intención de liberar a los refugiados bolivianos.

Pero Áñez calificó de “inconsistentes” esas explicaciones. “No se puede montar semejante atropello para cumplir una visita de cortesía”, dijo.

La mandataria agregó que la expulsión también se aplica al cónsul español Álvaro Fernández “y al grupo de presuntos diplomáticos encapuchados y armados” que protagonizaron el incidente. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la víspera que seis Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) españoles ya dejaron el país el fin de semana.

 

PERU

Peruana busca legalidad para muerte asistida

Mientras las calles de Lima lucen adornadas con luces de Navidad y el país espera el Año Nuevo, Ana Estrada mantiene su lucha por lograr una muerte asistida, prohibida por la ley peruana.

Estrada busca que no se castigue a quien la ayude a morir cuando llegue el día en que sean insoportables los dolores causados por la enfermedad que paralizó casi todo su cuerpo, la obligó a alimentarse con una sonda directa a su estómago y a usar una traqueostomía para respirar.

“Es luchar por la libertad de elección”, dijo la psicóloga de 42 años en una entrevista con The Associated Press sentada en su silla de ruedas eléctrica en el patio de su departamento, rodeada de plantas y estatuillas inspiradas en culturas preincaicas.

Su lucha por modificar la ley para que personas en su situación puedan morir cuando lo deseen mediante la ayuda de un tercero no despertó el interés de ningún miembro del Parlamento unicameral, dominado por un grupo conservador.

Sólo la Defensoría del Pueblo acogió su reclamo e indicó que presentará en las próximas semanas una acción de amparo ante un juez para que la ley no se aplique cuando Estrada decida enfrentar a la muerte.

“En Perú está criminalizado el homicidio piadoso con tres años de cárcel, entonces cualquier persona o médico que quiera apoyarla podría estar cometiendo un delito”, dijo a la AP el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. “No es que su caso cambie la ley, pero abre la ruta”, añadió.

La eutanasia o muerte asistida es legal en Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Suiza, en un estado de Australia y en varios de Estados Unidos es legal el suicidio asistido, en el que el paciente se administra a sí mismo una droga letal bajo supervisión médica.

Estrada cree que su lucha no será en vano. “Si esto existe en otros países yo quiero que exista aquí, al menos (mi lucha) es un pequeño granito de arena para algo que nos haga reflexionar a todos”, dijo.

 

NICARAGUA

Excarcelan a 91 opositores presos en Nicaragua

Un total de 91 personas detenidas por protestar contra el gobierno de Nicaragua, incluida la líder estudiantil belga-nicaragüense Amaya Coppens, salieron de prisión el lunes bajo libertad condicional, informó el Ministerio de Gobernación.

En un comunicado la entidad publicó la lista de los excarcelados, todos bajo el “régimen especial de convivencia familiar” -libertad condicional-, entre los que figuran 16 jóvenes detenidos el 14 de noviembre en la ciudad vecina de Masaya por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre.

El informe indicó que la excarcelación se debió a la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de “contribuir a la reconciliación nacional y al reencuentro de las familias” y agradeció el “acompañamiento” del nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos que “certificaron” el proceso.

En las últimas semanas familiares de presos celebraron misas, realizaron vigilias y plantones en Managua y otras ciudades para exigir la excarcelación de todos los detenidos por protestar contra Ortega, en su mayoría arrestados a partir de 2018.

Las dos principales organizaciones de oposición, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), celebraron la salida de los detenidos pero recordaron que varias decenas de “presos políticos” siguen en prisión. Según la Alianza, hasta el 27 de diciembre había 148 detenidos en distintas cárceles del país, además de 82 presos sin ubicación precisa y otros siete reportados como desaparecidos.

La noticia de la excarcelación fue divulgada temprano en las redes sociales y medios de prensa de Managua por familiares de los presos y por ellos mismos. Jesús Téfel, Olga Valle y María Margarita Hurtado, jóvenes líderes de la UNAB, así como la estudiante María Guadalupe Ruiz, detenida hace más de un año, son algunos de los que informaron su libertad.

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