COLOMBIA 

Registra ingresos ilegales pese a cierre frontera

El gobernador del departamento colombiano de Nariño manifestó el miércoles su preocupación por el ingreso ilegal de unos 3.000 venezolanos y ecuatorianos desde Ecuador pese a que desde hace tres semanas está cerrada la frontera con ese país debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

El gobernador Jhon Rojas dijo a The Associated Press que la víspera hizo un sobrevuelo sobre la zona y se reunió con las autoridades ecuatorianas para buscar una solución.

Por su parte, el general Jorge Hoyos, comandante del ejército en la zona, señaló que debido a ese flujo migratorio registrado en la última semana hubo que reforzar la vigilancia con 500 hombres y sobrevuelos de la Fuerza Aérea.

Según las autoridades sanitarias en el país hay 890 contagiados y 16 fallecidos.

En tanto, una turista británica de 85 años infectada, que estuvo 24 días en cuidados intensivos en Cartagena, al norte del país, fue dada de alta. La mujer es uno de los 31 pacientes que se han recuperado de la enfermedad en Colombia.

Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la policía, informó que durante los primeros días de la cuarentena obligatoria los homicidios se redujeron un 53%. En tanto, Medicina Legal informó que también decrecieron los casos de violencia familiar en un 16%.

Guatemala anunció que por segundo día se han suspendido los vuelos que a diario retornan a migrantes deportados desde Estados Unidos.

La suspensión se produjo luego de que la semana pasada un migrante dio positivo al coronavirus tras haber retornado al país desde Brownsville, Texas.

Varios menores de edad que fueron deportados han presentado fiebre alta al bajar de los aviones pero sin dar positivo al virus, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias guatemaltecas.

La cancillería dijo que dialoga con las autoridades estadounidenses sobre el tema pero no ha confirmado si solicitará la suspensión indefinida de los vuelos.

 

PERÚ

Miles de reservistas vuelven a cuarteles por COVID-19

En un hecho inédito en la historia de Perú, miles de reservistas retornaron el miércoles a sus cuarteles para ayudar a controlar la cuarentena que busca frenar la expansión del nuevo coronavirus.

Perú jamás había llamado a reservistas, ni siquiera durante el conflicto armado interno con el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000 o cuando se produjo la peste de cólera en 1991.

“Defendimos la soberanía, combatimos el terrorismo, estamos combatiendo otras amenazas… aquí está el soldado para defenderlo de una grave amenaza que ahora nos aterra”, dijo el general del ejército Pedro Revilla, encargado de administrar las reservas de ese brazo armado.

El regreso de los soldados retirados se realizará en diversos cuarteles del territorio. Quienes no regresen, tendrán que pagar una multa de 1.200 dólares.

El presidente Martín Vizcarra anunció la semana pasada que se busca reunir a más de 10.000 reservistas para ayudar a otros 140.000 miembros de las fuerzas de seguridad a controlar la prohibición de salir de casa a 32 millones de peruanos con el fin de frenar el avance del virus.

Perú lidia con la desobediencia diaria de alrededor de 2.000 personas en promedio que salen en el horario prohibido entre las 18 y las 5 de la mañana.

Perú suma 30 muertos y 1.065 infectados, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud.

 

VENEZUELA

Guaidó rechaza citación de la Fiscalía

El líder opositor Juan Guaidó anticipó que no asistirá a la citación de la Fiscalía General que lo investiga por un presunto plan de golpe de Estado en el que también han sido implicados algunos exoficiales.

Al desestimar el proceso judicial, Guaidó afirmó la noche del martes que la citación “no tiene mucho sentido cuando ni siquiera tiene funciones”.

“Mi prerrogativa constitucional como presidente del Parlamento y presidente encargado no le da ninguna función (a la Fiscalía) y mucho menos a un usurpador para citarme”, dijo el dirigente en una entrevista con el canal de televisión por cable EVTV con sede en Miami.

El Ministerio Público citó para el jueves a Guaidó para que responda por las afirmaciones que realizó el mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, quien aseguró la semana pasada que suscribió un contrato con el político y asesores estadounidenses para la adquisición de un lote de armas que fue decomisado en Colombia.

“Alcalá confesó públicamente su participación en estos hechos y que el intento de pasar estas armas hacia Venezuela para armar a grupos terroristas ha sido realizado por instrucciones directas de Juan Guaidó”, indicó el fiscal general Tarek William Saab al justificar el proceso contra el líder opositor, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países.

Las autoridades venezolanas sostienen que el armamento incautado en Colombia, que incluye 26 fusiles de asalto, iba a ser utilizado para atentar contra el mandatario Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno.

 

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