Por Abel Salas
Especial para San Fernando Valley Sun/el Sol

Docenas de activistas de varios grupos de base del Valle de San Fernando se reunieron recientemente frente a la oficina del distrito del senador de California Robert “Bob” Hertzberg en Van Nuys.

La multitud, que representaba a miembros de organizaciones locales como Buen Vecino, San Fernando Valley Young Democrats y Somos Familia Valle, instó al senador a expresar su apoyo a la ley AB 937, la Ley de Visión, que evita la desigualdad y busca la inclusión de nuestros vecinos inmigrantes. El mitin, dijo Carlos Amador, fue organizado conjuntamente con el grupo “ICE fuera de California”, una coalición estatal diversa y creciente a la que se atribuye la acción directa y las estrategias de movilización virtual que condujeron a un apoyo abrumador a la Ley VISION (AB 937).

La Ley VISION (AB 937), que fue presentada durante la sesión legislativa de 2021 por la asambleísta Wendy Carrillo, fue aprobada en la Asamblea y actualmente se encuentra en el Senado.

El AB 937 prohibiría a cualquier agencia estatal o local arrestar o ayudar al arresto, confinamiento, detención, transferencia, interrogación o deportación de un individuo con fines de aplicación de la ley de inmigración.

Ha habido incidentes en el pasado en los que las fuerzas de seguridad locales han ayudado al ICE y, como resultado, se ha arrestado a personas, se las ha colocado en centros de detención y luego se las ha deportado. Esta práctica ha convertido a la cárcel en una vía para la deportación, por pequeña que sea la infracción.

Si se aprueba, los recursos locales y estatales no podrán utilizarse para enviar a los inmigrantes a los centros de detención de inmigrantes, donde pueden ser detenidos indefinidamente y separados de sus familias.

Amador, de 37 años, activista por los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo, era un adolescente cuando se puso en marcha por su cuenta y se dirigió al norte, a Los Angeles.

“Tenía un papelito doblado con el número de teléfono de una tía que sabía que vivía por aquí”, dijo. Él y muchos otros inmigrantes son conscientes de los esfuerzos de cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el ICE, así como de los traslados de custodia clandestinos que se han producido.

Enrique Cristóbal, de 39 años, consejero de abuso de sustancias en el Centro de Recuperación de San Fernando, conoce el impacto de ser recogido sin tener ningún recurso. Dice que su vida se orientó negativamente debido al trato que recibió de adolescente por parte de las fuerzas del orden locales.

“Nací en México pero vine con mis padres a vivir a Northridge cuando tenía 14 años. Tenía casi 15 años y todavía estaba luchando con el inglés cuando fui asaltado por miembros de una banda. La policía vino y asumió que yo era uno de ellos. No podía hablar el idioma, así que me etiquetaron”.

Fue una huella que aceptó. “Dondequiera que estuviera o fuera, lo llevaría conmigo durante mucho tiempo. Creía que eso era lo que tenía que ser”, dijo.

Cristóbal fue condenado por un delito más grave en 2003 y encarcelado en la prisión estatal por una pena de 25 años a cadena perpetua. Nueve años después de entrar en el centro penitenciario del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California como recluso, dijo, las circunstancias que involucraban a su familia le llevaron a una epifanía, y a una determinación profundamente arraigada de cambiar su vida.

“Mi hijastra me dijo que no hiciera más daño a nadie”, confesó Cristóbal. “Reflexioné sobre eso y me di cuenta de que la persona a la que más temía de niño… era la que estaba creciendo. Me estaba convirtiendo en mi padre, así que decidí cambiar”.

Recordó que era capaz de relacionar la violencia a la que a menudo recurría como autodenominado líder de la banda y como miembro de la misma con los profundos abusos físicos y emocionales a los que le había sometido su padre alcohólico. Creía que su transformación requería un título universitario, por lo que se inscribió en todos los programas o cursos de superación personal y educativos que pudo.

Aunque no tenía necesidad de ser reconocido o elogiado como preso modelo, sus esfuerzos llamaron la atención. El 10 de noviembre de 2020, recibió una carta firmada por el gobernador Newsom, relató Cristóbal con orgullo. En ella se le informaba de que se le había conmutado la pena y que saldría de la cárcel en pocos días. Le llamó la atención que le pusieran en libertad una década antes de que pudiera solicitar una audiencia de libertad condicional.

Tras cumplir casi 18 años de su condena original, Cristóbal -para su sorpresa y consternación- no salió de la cárcel como un hombre libre. Simplemente había sido puesto en libertad bajo la custodia del ICE y estaba siendo entregado a un centro de detención donde podría ser retenido indefinidamente, se le negó el debido proceso y se le expuso al COVID, que contrajo.

Estos “enredos” entre los sheriffs de varios condados del Valle Central de California y los agentes del ICE se examinan a fondo en un reciente informe de la ACLU (American Civil Liberties Union): Informe del Norte de California. Publicado este mes de febrero, Collusion in California’s Central Valley: The Case for Ending Sheriff Entanglement with ICE.  También rastrea los intercambios de comunicación cada vez más cálidos entre los sheriffs y los agentes del ICE, burlando la ley de 2018 contra el uso de recursos financiados con fondos públicos por parte de las agencias locales, regionales o estatales para ayudar a la actividad de aplicación del ICE.

“Por supuesto, empecé a abogar por mí de inmediato. Estar detenido allí era peor que la prisión estatal. Al final, preparé y presenté un recurso por mi cuenta, pero me lo denegaron”, relata Cristóbal.

Sin embargo, al año siguiente, con la ayuda de abogados que se hicieron cargo de su causa y le ayudaron a perfeccionar los argumentos que demostrarían de forma concluyente que su solicitud de asilo político en Estados Unidos tenía méritos suficientes para justificar una audiencia ante un juez.

En febrero de 2022, a Enrique Cristóbal se le permitió finalmente regresar al valle y se le celebró por sus heroicos esfuerzos para convertirse en un miembro valioso y contribuyente de la comunidad donde comenzó su difícil viaje.

En cuanto a las más de 200 tarjetas postales firmadas que se entregaron durante la manifestación de los constituyentes individuales instando a Hertzberg a apoyar la AB 937, a las oficinas del Distrito en pilas lo suficientemente finas como para deslizarse a través del pequeño hueco bajo las puertas de doble vidrio cerradas, Cristóbal ofrece lo que cree que debería suceder a continuación.  

“Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Ahora le toca a él. Sólo necesitamos que se apunte y se ponga detrás”.

En respuesta a una solicitud de comentarios de  The San Fernando Valley Sun/el Sol Newspaper, el senador Hertzberg respondió: “El año pasado, acepté votar a favor de la Ley VISION tal como se propuso enmendar cuando se aprobó en la Asamblea. Mi jefe de personal y yo hemos mantenido varias reuniones con la comunidad que apoya la medida y seguimos escuchando sus voces. Apoyaré la medida si la autora cumple sus compromisos con sus colegas de la Asamblea”.  No dio más detalles.