Por Rebecca Santana y Elliot Spagat
Associated Press
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema estadounidense mantendrá por ahora los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de migrantes de América Latina y de otras partes del mundo que han estado huyendo de la violencia y la desigualdad en sus países de origen y tratando de llegar a Estados Unidos.
El fallo del martes preserva una política implementada durante el gobierno de Donald Trump que estaba programada para expirar el 21 de diciembre por orden de un juez federal. El caso se debatirá en febrero en el máximo tribunal, y la prórroga dictada la semana pasada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que mantiene vigentes las restricciones será válida hasta que los jueces tomen una decisión.
Los intentos de eliminar las restricciones al asilo, que suelen denominarse Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944, han sido tortuosos en las cortes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedes (CDC, por sus siglas en inglés) intentaron ponerles fin en abril de 2022, pero un juez federal de Luisiana falló en mayo en favor de 19 estados gobernados por republicanos para mantenerlas en vigor. Otro juez federal en Washington dijo en noviembre que el Título 42 debe terminar, por lo que la disputa pasó a la Corte Suprema.
Bajo el amparo de dicha política, Estados Unidos ha expulsado a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2,5 millones de ocasiones con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.
Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42, argumentando que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han señalado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.
La decisión de la Corte Suprema por votación de 5-4 se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, saturando los albergues y preocupando a los activistas que buscan la manera de brindarles atención.
“Estamos sumamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo debido al Título 42, pero continuaremos luchando para ponerle fin a la política”, manifestó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que había propugnado para que se pusiera fin a las restricciones.
Andrea Rudnik, cofundadora de la organización sin fines de lucro en pro de los inmigrantes Team Brownsville en el sur de Texas, dijo que la situación en la frontera es una crisis humanitaria. Señaló que hay miles de inmigrantes acampando bajo cajas de cartón y en tiendas improvisadas cerca de la entrada al Puente Internacional Gateway en Matamoros, México, limítrofe con Brownsville, sin alimentos, agua, ropa ni baños.
“Muy rápidamente se está convirtiendo en una situación peligrosa porque no hay baños”, declaró Rudnik. “Junta toda esa gente sin baños y sabes lo que va a pasar”.
Los estados que querían que el Título 42 se mantuviera elogiaron el fallo del martes. En un comunicado de prensa, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, encomió la decisión del tribunal, aunque dijo que no es una solución permanente a los problemas de inmigración del país.
“Estoy agradecida de que el Título 42 siga en vigor para ayudar a disuadir la entrada ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. Pero no se equivoquen, esto es sólo una solución temporal a una crisis que el presidente Biden y su gobierno han ignorado durante dos años”, aseveró.
En el fallo del martes se especifica que la Corte Suprema revisará el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al Título 42. El gobierno federal y los defensores de los inmigrantes han alegado que los estados esperaron demasiado para intervenir, y que aun si no hubieran esperado tanto, carecen de categoría jurídica para hacerlo.
En un disentimiento, los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson escribieron que, incluso si el máximo tribunal determinara que los estados tienen derecho a intervenir y el Título 42 hubiese sido adoptado legítimamente, “la emergencia con base en la cual se fundamentaban esas órdenes ha caducado hace tiempo”.
Los jueces señalaron que la “crisis fronteriza actual no es una crisis por el COVID”.
“Y las cortes no deberían estar dedicadas a perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque funcionarios electos no han logrado resolver una emergencia distinta. Somos un tribunal de leyes, no creadores de políticas de último recurso”, escribieron los jueces.
Las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor también votaron en contra de mantener las restricciones, pero no firmaron un disenso.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que el gobierno del presidente Joe Biden “ por supuesto, cumplirá la orden y se preparará para la revisión de la corte”.
“Al mismo tiempo, estamos avanzando en nuestros preparativos para gestionar la frontera de forma segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante, y seguiremos ampliando las vías legales para la inmigración”, añadió Jean-Pierre. “El Título 42 es una medida de salud pública, no una medida de inmigración, y no debería prorrogarse indefinidamente”.
En noviembre, un juez federal falló a favor de los activistas pro inmigrantes y fijó el 21 de diciembre como fecha para poner fin al uso del Título 42. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo que un aumento de la inmigración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes” para la cual el gobierno federal carecía de un plan, según dijeron.
El juez Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, ordenó una prórroga para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.
El gobierno federal le pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
La cuestión precisa que el máximo tribunal tiene ante sí es una interrogante complicada, en gran medida procesal, sobre si se les debería permitir a los estados intervenir en la demanda.
Hasta la orden del juez en noviembre en la demanda de los activistas, los estados no habían buscado participar en ese caso. Pero dicen que el gobierno en esencia ha abandonado la defensa de la política del Título 42 y que deberían poder participar. El gobierno ha apelado el fallo, aunque no ha intentado mantener operando el Título 42 en lo que se resuelve el caso.
El gobierno de Biden aún tiene un margen de maniobra considerable para aplicar el Título 42 en la forma tan enérgica o tan indulgente que elija. Por ejemplo, cuando un juez ordenó el año pasado que fuese reinstaurada la política “Permanecer en México” para hacer que solicitantes de asilo aguardaran en México sus audiencias en cortes estadounidenses de inmigración, lo hizo con un alcance tan limitado que tuvo poco impacto. Esa política llegó a su fin en agosto después de que la Corte Suprema respaldó la posición del gobierno.
El uso que el gobierno de Biden le ha dado al Título 42 incluye un mosaico opaco y desconcertante de exenciones que supuestamente son para migrantes considerados los más vulnerables en México, tal vez por su identidad de género u orientación sexual, o por haber sido amenazados específicamente con violencia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza trabaja con socios a los que no identifica públicamente ni dice cuántos espacios le son asignados a cada uno.
México es otro imponderable. El uso del Título 42 para expulsar a migrantes rápidamente depende en gran medida en la disposición del gobierno mexicano para aceptarlos. Actualmente México acepta a migrantes deportados que sean originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, además de a los mexicanos, pero no de otros países, por ejemplo Cuba. La mayoría de los solicitantes de asilo que no puedan ser enviados a México no son expulsados.
Biden tiene programada una reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México el mes próximo.
Spagat contribuyó desde San Diego. La periodista de The Associated Press Acacia Coronado contribuyó desde Austin, Texas.