Los legisladores de California se reunieron con líderes de organizaciones sin fines de lucro que representan a organizaciones en el Valle de San Fernando y más allá para discutir los crecientes temores sobre la aplicación de la ley de inmigración, en medio de informes de una posible operación a gran escala del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles antes de fin de mes.
El presidente de la Asamblea Estatal de California, Robert Rivas, y los asambleístas Celeste Rodríguez, Mark González y Juan Carrillo sostuvieron una mesa redonda el 7 de febrero en el Boys and Girls Club del Valle de San Fernando en Pacoima, con representantes de organizaciones sin fines de lucro que sirven a los inmigrantes, incluida la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Fondo Salvadoreño Americano de Liderazgo y Educación, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), y unas dos docenas más.
“Lo que quiero que [la gente] sepa es que el ataque no es [sólo] contra los propios inmigrantes y sus familias; lo que está pasando es que están atacando la infraestructura”, explicó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Nos están quitando recursos que nos permiten ir a los centros de detención, que nos permiten representar realmente al pueblo.
“Si tienes una subvención del gobierno federal, entonces esa es una forma de que te invadan”, continuó Salas, señalando que dichas subvenciones incluyen fondos proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) a grupos que ayudan a los inmigrantes a convertirse en ciudadanos naturalizados.
Salas dijo que CHIRLA recibió correspondencia de USCIS en la que se les indicaba que cesaran todo su trabajo de ciudadanía, “que se detuvieran de inmediato”, dijo Salas.
“Dicen que no están [persiguiendo] a los inmigrantes documentados, pero lo que no quieren es que [los inmigrantes] se conviertan en ciudadanos”, dijo. “Todas estas organizaciones aquí son el objetivo de esta administración… [y] está sucediendo en todo el país. … Quieren quitarnos poder”.
“A nivel estatal, a nivel federal y a nivel local, vamos a necesitar todos nosotros para lidiar con esta amenaza masiva y ataque contra nuestra gente [y nuestras organizaciones]”, agregó Sandra Díaz, directora política de SEIU United Service Workers West. “Buscamos un liderazgo audaz que no flaquee… [para] construir una resistencia y un movimiento que [apoye] a todos los inmigrantes”.
California Responde
“Ha habido un cambio tan radical y un cambio en la política federal relacionada con la inmigración debido al enfoque de la administración Trump [para buscar] deportaciones masivas”, dijo Rivas al San Fernando Valley Sun/el Sol. “Hay mucho miedo en todo el país, pero también aquí en California, por lo que nuestro enfoque aquí fue simplemente escuchar, aprender sobre lo que está sucediendo, lo que la gente está experimentando en el terreno en tiempo real aquí en Los Ángeles y, lo que es más importante, cómo podemos ayudar a abordar sus necesidades cuando se trata de apoyar a nuestros residentes y sus familias”.
Algunas de esas necesidades pueden ser ayudadas en parte por un paquete de fondos legislativos firmado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que destina 50 millones de dólares para ayudar a proteger al estado de los desafíos legales esperados por la administración Trump y para ayudar a defender a los inmigrantes indocumentados.
Los fondos se dividirán, con $25 millones dirigidos a la oficina del Fiscal General de California, Rob Bonta, para litigios, y $25 millones para asistencia legal para personas que enfrentan una posible deportación.
“Hemos oído hablar de las cuotas, y las cuotas van más allá de cualquier narrativa fingida de que solo se trata de deportar a los delincuentes”, dijo Rodríguez, y agregó que si las agencias de aplicación de la ley de inmigración están utilizando o comienzan a implementar y hacer cumplir las cuotas para las detenciones y deportaciones, entonces la discriminación racial, la detención de residentes respetuosos de la ley y la separación de familias probablemente aumentarán exponencialmente.
Para ayudar a proteger a los niños que forman parte de familias inmigrantes y de estatus mixto, Rodríguez presentó su primer proyecto de ley desde que asumió formalmente el cargo en diciembre: AB 495, denominada Ley del Plan de Seguridad Familiar. La legislación propuesta garantizaría que las familias creen planes que incluyan declaraciones juradas de cuidado que identifiquen a una persona que cuidará a su hijo si sus padres alguna vez son detenidos.
“Mi propio papá vio cómo se llevaban a su abuela, y lo dejaron solo en el porche de un vecino en Pacoima y lloró hasta que se durmió”, dijo. “Esto es traumático para nuestros hijos.
“Si siguen amenazando con estas redadas de ICE y las cumplen… Nuestros hijos van a estar en la guardería o en la escuela cuando suceda. [Tener] un plan de seguridad familiar significa que hay declaraciones juradas de cuidado y otras cosas que las familias van a necesitar en caso de que sean aceptadas. Queremos asegurarnos de que todos los proveedores de cuidado infantil e instituciones educativas estén preparados [con esa] información”.
Pasar a la Acción
Salas y otros participantes de la mesa redonda discutieron la importancia de las “redes de respuesta rápida” basadas en la comunidad, especialmente a la luz del aumento anticipado en las operaciones de aplicación de la ley de inmigración. La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles está conectada con un estimado de 90 organizaciones, que actúan como “primeros respondedores” cuando alguien llama a la línea directa para reportar una sospecha de actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). El primer paso es verificar el informe.
Salas dijo que los equipos de respuesta rápida, que se remontan a la era del presidente George W. Bush, consisten en abogados y organizadores que van a los sitios de actividad de ICE y centros de detención, para tomar evidencia fotográfica y de video de cualquier violación del debido proceso y para brindar asistencia legal.
“Necesitamos que se activen más regiones en el condado de Los Ángeles, [porque] es muy grande”, dijo Salas, señalando que cuantas más personas estén activas en cada red de respuesta rápida, más “sabremos sobre lo que está sucediendo región por región, y mejor podremos activar en respuesta”.
Otro componente que sigue siendo crítico es “llegar directamente a los inmigrantes para compartir información y recursos”, en sus lugares de trabajo, en sus hogares y a través de sus lugares de culto, dijo Díaz. En tres días, su capítulo de la SEIU se puso en contacto con los trabajadores de 534 lugares de trabajo.
“Nuestra comunidad está hambrienta de información”, dijo. “Se oye la caída de un alfiler cuando decimos: ‘Estos son sus derechos, ejerzálvalos. Estos son los recursos a los que puedes acceder’”.
Para comunicarse con la línea directa de la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles, llame al 1-888-624-4752.