Las recientes muertes consecutivas en Texas y Maine provocadas por agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)—y el aumento de operativos de ICE tanto localmente como a nivel nacional—están reavivando una indignación generalizada del público, incluso entre legisladores del Valle de San Fernando.
“Necesitamos responsabilidad y transparencia y justicia—ya”, dijo la congresista Luz Rivas al San Fernando Valley Sun / El Sol, y añadió que “mi corazón está con ambas víctimas y con sus familias”.
Lorenzo Salgado Araujo—un nacional mexicano que estaba en proceso de obtener estatus legal—fue baleado y asesinado durante una detención vehicular en Houston, Texas, la semana pasada. Y el lunes, Johan Sebastian Duran Guerrero—quien tenía un número de Seguro Social y estaba autorizado legalmente para trabajar en Estados Unidos—también fue baleado mortalmente por un oficial de ICE en su automóvil en Biddeford, Maine.
Rivas estaba en un avión rumbo a Washington, D.C., cuando se enteró de la muerte de Durán Guerrero. En ambos casos, ninguno era el objetivo previsto de las operaciones de ICE que condujeron a sus muertes. Rivas sostiene que estas y las muertes fatales previas relacionadas con ICE “definitivamente muestran un patrón de ICE que aterroriza a nuestras comunidades y comete asesinatos sin ninguna consecuencia”.
Rivas representa a electores del noreste del Valle de San Fernando, donde creció en Pacoima junto a una madre inmigrante soltera de México. Dijo que cree que la administración de Trump “está intentando cumplir con cierto objetivo, desafortunadamente, y en las últimas semanas ha incrementado sus operaciones de ICE en todo el país, incluido el Valle de San Fernando”.
El 8 de julio—un día después de la muerte de Salgado Araujo—, ICE realizó un operativo sorpresa por la madrugada en la ciudad de San Fernando, cerca de la intersección de 1st Street y Harding Avenue. Una persona fue detenida y otra fue arrestada. Un testigo describió el incidente como “aterrador”.
Rivas recibe de manera constante reportes de miembros de la comunidad que comparten historias similares. En mayo, participó en un encuentro tipo mesa redonda con más de 60 padres de las escuelas Pacoima Charter Elementary y Vaughn en Pacoima, donde hablaron sobre sus miedos cotidianos y los traumas persistentes relacionados con la actividad pasada y continua de ICE.
Dijo que su oficina también es alertada sobre operativos locales de ICE y sobre familias que son impactadas de manera directa.
“Nos llaman las familias de los detenidos pidiendo ayuda, y eso es algo que hace mi oficina: ayudamos a ubicar a los detenidos”, dijo Rivas. “Podemos hacer revisiones de bienestar una vez que estén en un centro de detención, y también podemos canalizarlos a recursos legales. Así que siempre recomiendo a la gente que llame a mi oficina si está en esa situación, si un familiar o alguien que conocen [ha sido] detenido”.
El Senador Padilla Condena a ICE y Pide Acciones para hacer Frente a la Administración de Trump
El senador californiano Alex Padilla habló sobre los asesinatos de ICE en su discurso inaugural en la 43ª Conferencia Anual de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), que este año se llevó a cabo en Los Ángeles.
“Millones de latinos en todo el país ahora se preguntan si alguien, incluso sus representantes electos, está luchando por ellos, por sus familias y amigos, por personas como Rubén Ray Martinez, Lorenzo Salgado Araujo, Silverio Viegas Gonzales y Johan Sebastian [Duran] Guerrero, [quienes fueron] todos asesinados a manos de la ICE de Trump”, dijo Padilla, quien, al igual que Rivas, también creció en Pacoima, hijo de padres inmigrantes mexicanos.
“Rubén era ciudadano de Estados Unidos y, con solo 23 años, tenía toda una vida por delante”, continuó. Viegas Gonzales era padre de tres y acababa de dejar a sus hijos en la escuela cuando fue baleado y asesinado el pasado septiembre. Y los dos hombres asesinados la semana pasada—Salgado Araujo y Duran Guerrero—eran ambos padres que trabajaban para mantener a sus familias.
“Estamos en la lucha de nuestras vidas, por nuestras vidas”, subrayó Padilla. “[Las] víctimas del terror de ICE no son solo nuestros electores; son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestra familia, y no son incidentes aislados: son deliberados. Son el resultado predecible de una administración que ha elegido intentar gobernar a través del miedo y la intimidación”.
Debido a las operaciones de aplicación de la ley de ICE, muchos latinos temen buscar atención médica, denunciar delitos o simplemente “seguir con sus vidas diarias”, añadió. Padilla enfatizó que la administración no solo está apuntando a inmigrantes para deportación; también intenta disminuir “el poder político latino” al “manipular los mapas del Congreso [y] atacar los derechos de voto”, dijo.
“El poder político latino es la peor pesadilla de MAGA; por eso son tan importantes los próximos 112 días—no solo porque habrá una elección, sino porque tenemos que decidir qué tipo de país dejaremos para nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.
“¿Vamos a permitir que el miedo nos divida o usaremos nuestro poder para organizarnos y movilizarnos para defender nuestra democracia, que generaciones antes lucharon tanto por construir?”, continuó Padilla. “Este es nuestro desafío y nuestra responsabilidad: alzarnos, hablar y dar un paso al frente”.
Recientes Asesinatos Fatales de ICE
Tras que un oficial de ICE baleó fatalmente a Salgado Araujo, de 52 años, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos afirmaron que, según se informó, Salgado Araujo había intentado usar su vehículo como arma, un señalamiento que ha sido disputado por testigos.
“Después de casi 35 años de trabajar para darnos el sueño americano, tomó la decisión de empezar el proceso para conseguir su sueño americano a través de un permiso de trabajo”, dijo el hijo de Salgado Araujo, Ronaldo Salgado, durante una conferencia de prensa la semana pasada. “Hicimos todo bien: pusimos cada punto sobre la ‘i’, cruzamos cada ‘t’, llenamos cada documento, asistimos a cada cita. Estaba muy cerca de obtener su estatus legal”.
Durán Guerrero, un hombre de 26 años de Colombia, estaba casado y tenía una hija de tres años. Tenía permiso de trabajo y trabajaba en dos empleos para ayudar a mantener a su familia.
Presidentes de Colombia y México se Pronuncian
“Lo que ha pasado en Maine [con Durán Guerrero] es un asesinato… de parte del gobierno de Estados Unidos”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro en una publicación en redes sociales.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum condenó públicamente las muertes de 17 mexicanos que murieron durante operativos de aplicación de la ley migratoria o mientras estaban bajo custodia migratoria en Estados Unidos. El gobierno mexicano, según reportes, ha solicitado investigaciones criminales por las 17 muertes.
“Ningún compañero ciudadano en el extranjero debe quedar desamparado o sin protección ante posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones de sus derechos humanos”, dijo Sheinbaum durante una conferencia de prensa el 14 de julio.
Funcionarios de la administración de Trump supuestamente ordenaron a los oficiales de ICE suspender la mayoría de las detenciones vehiculares, dijo un portavoz de la oficina del senador Angus King de Maine, quien indicó que les informaron sobre el cambio de política a través de Seguridad Nacional. Pero, solo un día después, Trump contradijo esa información. El miércoles, el presidente escribió en redes sociales que ICE debía continuar con las detenciones de tráfico. “NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más eficientes para combatir el crimen de ICE, ¡LA DETENCIÓN DE TRÁFICO!”.
Las muertes recientes de ICE ocurrieron aproximadamente un año después de una redada migratoria en Glass House Farms en el condado de Ventura. El 10 de julio de 2025, el trabajador agrícola Jaime Alanis Garcia cayó 30 pies hasta su muerte desde un techo de invernadero mientras intentaba esconderse de agentes de inmigración.
Los tiroteos mortales también han desencadenado múltiples protestas, incluyendo en Texas, en Maine y en Olvera Street en el Centro de Los Ángeles, donde decenas se manifestaron contra ICE el martes, mientras gritaban y sostenían letreros que decían “Jail All Killer ICE Agents” (“Encarcelen a todos los agentes asesinos de ICE”) y “Justice for Lorenzo” (“Justicia para Lorenzo”).
El mes pasado, Rivas presentó un proyecto de ley para brindar servicios de salud mental a miembros de la comunidad impactados negativamente por las redadas de ICE. La Ley HEART de 2026—Healing and Equity for Enforcement-Affected Residents and Trauma (HEART)—crearía la Office of Immigrant Community Mental Health, que se financiaría redirigiendo los 76 mil millones de dólares proporcionados a ICE mediante H.R. 1.
“Las acciones de ICE tendrán consecuencias duraderas en el bienestar de nuestra comunidad”, dijo Rivas. “Por eso es imperativo que impulsemos y prioricemos soluciones que ayuden a estudiantes y a sus familias a recuperarse mucho tiempo después de que ICE se haya ido”.
Quienes residan en el Distrito 29 y necesiten ayuda pueden llamar a la oficina de Rivas en Arleta al (818) 253-3535.
La editora Diana Martínez contribuyó a este artículo.