Con las elecciones de mitad de mandato a poco más de dos meses, los críticos de la Propuesta 45 —que agilizaría las evaluaciones ambientales para la construcción de proyectos de “vivienda esencial”, infraestructura y energías limpias— advierten que la medida desmantelaría las salvaguardas ambientales y aumentaría los costos para los gobiernos estatales y locales.
Respaldada por la Cámara de Comercio de California, la Propuesta 45 transformaría la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), que rige la revisión de los posibles impactos ambientales de los proyectos de construcción propuestos. Si se aprueba, la medida impondría un límite de 365 días para la revisión ambiental de proyectos esenciales, como escuelas, instalaciones médicas, energía limpia, vivienda asequible, transporte público y mitigación de incendios forestales.
La Propuesta 45 también exigiría a los tribunales que resuelvan las demandas relacionadas con la ley de revisión ambiental dentro de 270 días, lo que “les quitaría poder a los tribunales para hacer cumplir las leyes ambientales y empoderaría a los desarrolladores para presentar nueva litigación contra las agencias públicas”, dijo Aruna Prabhala, abogada sénior y directora de wildlands urbanas en el Center for Biological Diversity.
“La Propuesta 45 reescribiría radicalmente la ley ambiental más importante de nuestro estado y debilitaría las protecciones esenciales que esas leyes brindan a las comunidades y la vida silvestre en California”, dijo Prabhala durante una sesión informativa virtual del No a la Propuesta 45. La legislación “dejaría sin efecto” los requisitos de revisión ambiental para varios proyectos, incluidos presas, ampliaciones de autopistas y centros de datos.
Además, agregó, los cambios quedarían fijados de forma permanente, porque la Propuesta 45 “no tiene fecha de caducidad”.
La Federación de Maestros de California (CFT) es una de más de 300 organizaciones que se oponen a la Propuesta 45; entre otros opositores están California Professional Firefighters, California Nurses for Environmental Health and Justice, Sierra Club California y el Partido Demócrata de California. La CFT dijo que la iniciativa electoral de 41 páginas debilitaría las protecciones de California contra el “ataque” del presidente Donald Trump a las leyes del estado sobre “aire limpio, agua limpia y salud pública”.
“Los educadores y los estudiantes merecen vivir y aprender en comunidades saludables”, dijo el presidente de la CFT, Jeff Freitas. “La Propuesta 45 es un ataque tipo Trump contra nuestras salvaguardas ambientales, reduce la participación comunitaria en los proyectos y permite que los desarrolladores corporativos den atajos peligrosos en proyectos contaminantes”.
Los defensores de la Propuesta 45 —incluyendo el Agricultural Council of California, el California Council for Affordable Housing, las Cámaras Hispanas de Comercio de California y la California Hydrogen Coalition— sostienen que los plazos de permisos que exige la CEQA están desactualizados y “se rompieron”, y argumentan que el sistema actual causa demoras innecesarias en vez de proteger el medio ambiente.
Prabhala no está de acuerdo de manera contundente.
“CEQA es la única ley estatal que permite la participación comunitaria en decisiones sobre uso de suelo y garantiza que las agencias públicas divulguen, analicen y, cuando sea necesario, mitiguen los impactos de los proyectos propuestos antes de que se construyan”, explicó. “Pero la Propuesta 45… socavaría todos esos pasos sin abordar los problemas centrales que enfrentan los californianos, incluyendo la asequibilidad”.
Los partidarios de la Propuesta 45 afirman que reducir la burocracia y agilizar el proceso de aprobación para proyectos esenciales ayudaría a bajar el costo de vida de los californianos. Argumentan que las extensas revisiones ambientales y las demoras relacionadas incrementan los costos de las necesidades cotidianas al limitar, por ejemplo, el acceso a vivienda asequible o a opciones de energía limpia más económicas.
“La iniciativa se ha presentado como una reforma modesta que daría alivio a los californianos de a pie en materia de asequibilidad, particularmente en torno a la vivienda”, dijo Jordan Grimes, director legislativo de Greenbelt Alliance. “Pero ambas afirmaciones son, en lo fundamental, falsas”.
Si se aprueba, la Oficina del Analista Legislativo del estado estima que la Propuesta 45 costaría a los gobiernos estatales y locales un estimado de 100 millones de dólares o más al año durante sus años iniciales, porque requeriría establecer un sistema completamente nuevo para las revisiones de proyectos y judiciales. Además, las ciudades se verían obligadas a contratar personal adicional o pagar más horas extra para cumplir con plazos más estrictos.
Asimismo, apresurar las revisiones de proyectos podría pasar por alto fallas importantes de infraestructura, lo que en última instancia podría derivar en costosas limpiezas o reparaciones más adelante; costos que podrían trasladarse a los contribuyentes.
“Nuestra postura —nuestra creencia— es que esta iniciativa [Propuesta 45] realmente les costará mucho más a los californianos de lo que dice que les ahorrará”, dijo Grimes, “y que los californianos —tanto nuestro medio ambiente como nuestros bolsillos— no pueden darse el lujo de que la iniciativa se apruebe”.
