La Criminal Justice Legal Foundation (CJLF) tiene actualmente una petición de desafío que podría anteceder una demanda en nombre de familiares de la víctima del asesinato del niño de 8 años Gabriel Fernández. También se representan en esta petición a familiares de otras víctimas.
En conjunto, buscan impugnar la decisión del gobernador Gavin Newsom de otorgar clemencia a los 548 reclusos del corredor de la muerte de California, incluido Isauro Aguirre, quien abusó de manera atroz, torturó y mató a Gabriel, un niño.
Esta tarde se celebrará una conferencia de prensa en el Capitolio estatal, el jueves 12 de noviembre.
Mientras deja el cargo, la contundente decisión de Newsom de conmutar a los criminales más notorios del corredor de la muerte ya es motivo de fuerte oposición y debate. Los reclusos del corredor de la muerte serían sentenciados a cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Sin embargo, los críticos de la decisión de Newsom, incluidos defensores de los derechos de las víctimas, consideran que con el paso de los años el panorama podría cambiar y que reclusos peligrosos que antes estaban en el corredor de la muerte podrían obtener libertad condicional.
Newsom también considera actualmente postularse a la presidencia en 2028.
Newsom impuso una moratoria a las ejecuciones en 2019 y cree que el castigo capital sancionado por el estado es moralmente objetable. En una carta pública, Newsom dijo:
“Adopto esta medida porque firmemente creo que matar con respaldo estatal es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y disminuye a cada uno de nosotros”.
Jonathon Hatami, quien fue el fiscal principal en el caso de Gabriel Fernández y procesó múltiples casos de abuso infantil y asesinato de menores, dijo que la acción de Newsom “no se ajusta a la ley”.
Aunque lamentó y se decepcionó al enterarse de que el gobernador tomó esta medida, le preocupó en particular que Newsom no se pusiera en contacto con ningún miembro de la familia.
“Llamé de inmediato a [las primas] Emily Carranza y Olivia Rubio. También me comuniqué con Chris Contreras, el tío de Gabriel, y con Ezekiel, el hermano de Gabriel, y Virginia, la hermana de Gabriel”.
Hatami dijo que no quería que los familiares lo vieran en internet ni lo escucharan en una transmisión noticiosa antes, al menos, de decirles personalmente.
“Estaban muy molestos porque debieron haber sido incluidos en el proceso”.
Carranza, quien fue fundamental para atraer desde el inicio una atención generalizada al caso, dijo que enterarse de que Newsom conmutaría a todos los reclusos del corredor de la muerte fue un golpe.
“Me sentí traicionada. Es una bofetada en la cara. Él [Newsom] firmó la Ley de Gabriel. Nos dio un poco de esperanza y luego nos sacó la alfombra de debajo de los pies”.
Tanto Ezekiel, que tenía 12 años, como Virginia, que tenía 10 años en ese momento, declararon en el juicio, el cual fue traumático para ellos al relatar la crueldad que sufrió Gabriel: fue desnutrido, encerrado en un clóset, quemado, obligado a comer heces de gato y usado a diario como una bolsa de golpes. La autopsia mostró que el pequeño tenía el cráneo fracturado, hinchazón cerebral y costillas rotas, dientes arrancados, un hígado lacerado y una bolita BB alojada en su pulmón.
“Me entristeció que se dejara fuera de la decisión [sobre] Gabriel y de todas las familias en estos casos la consideración por toda la familia”, dijo Hatami.
“Estos familiares estuvieron involucrados de manera íntima en este caso, y creían que se hizo justicia cuando Isuaro Aguirre fue condenado y sentenciado a pena de muerte.
“Gabriel fue torturado durante más de 240 días y luego, finalmente, lo asesinaron. Y ya sabes, para mí se ha convertido en una parte importante de mi vida. No solo como fiscal, sino también como papá. Su vida importaba”, dijo Hatami.
“Cuando presentas toda esta evidencia ante un jurado—19 jurados estuvieron sentados esos cuatro meses del juicio, y los jurados decidieron este caso, y luego un juez también decidió este caso—y ahora estás excluyendo a todas esas personas, la evidencia, la familia de Gabriel, los jurados, el juez y luego la ley”.
Hatami en especial se muestra particularmente inconforme con la conmutación generalizada que no toma en cuenta cada caso de manera individual. Reconoce que algunos expedientes deberían revisarse para determinar si hay posibles casos de discriminación, sesgo y la posibilidad de inocencia; no hay duda de que Gabriel sufrió una tortura inconcebible y que Aguirre lo asesinó.
Descartar la ley y el proceso legal con un “movimiento unilateral”, ahora dijo, es “realmente decepcionante”.
Esto sería la conmutación masiva más grande de sentencias a muerte en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, una parte de los casos requerirá la aprobación de la Corte Suprema del estado.
“Es agotador, pero por agotador que sea, todavía tengo pelea dentro de mí, y por la gracia de Dios, voy a luchar hasta el final, aunque me lleve toda la energía que tengo”, dijo Carranza. “No voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que él [Newsom] vuelva a victimizar a las víctimas y a los sobrevivientes, y él no nos va a hacer sentir que Gabriel y Anthony y Noah y la pequeña Mia y miles de otros que fueron asesinados nunca importaron”.
Hatami también es igual de firme.
“Gabriel falleció en 2013; hicimos el juicio en 2018, pero ya es 2026 y todavía hago lo mejor que puedo para pelear por Gabriel”, dijo Hatami. “Seguiremos haciéndolo mientras esté en este planeta”.
El San Fernando Valley Sun/el Sol seguirá de cerca esta historia y proporcionará actualizaciones en línea a medida que haya más información disponible.