Cuando Emily Carranza, de Sylmar, se enteró por primera vez de que el gobernador Gavin Newsom anunció que conmutaría las 548 sentencias de muerte en California por cadena perpetua, sintió enojo y frustración. Su primo Gabriel Fernandez fue torturado brutalmente y asesinado por su madre y su padrastro cuando tenía 8 años, y ahora uno de sus asesinos podría ver reducida su condena.
Para colmo, esta semana Carranza se sorprendió al saber que Isauro Aguirre, sentenciado a muerte por el asesinato de Gabriel —su madre, Pearl Fernandez, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional— ya había sido retirado de la fila de condenados a muerte de la Prisión Estatal de San Quentin y trasladado a la Prisión Estatal de Corcoran.
De hecho, a partir del 28 de mayo de 2024, todos los reclusos condenados que estaban recluidos en San Quentin fueron trasladados a prisiones de alta seguridad y a la población general en todo el estado para cumplir con la Propuesta 66, la Ley de Reforma y Ahorros de la Pena de Muerte, que los votantes aprobaron en 2016 para acelerar las ejecuciones.
Carranza se sintió devastada.
“Mi decepción, mi dolor y mi traición se convirtieron en enojo”, dijo Carranza. “[Newsom] no le importa la ley de California; no le importa el castigo[s] que [se] dictaron. Solo les demostró a todos —a la policía, a los jueces, a las familias, a las víctimas— que él hace lo que quiere. … Dice ‘no más reyes’, pero aun así actúa como un rey”.
En los escalones del lado oeste del Capitolio Estatal de California, en Sacramento, la semana pasada, 25 familias de víctimas se unieron a legisladores, fiscales de distrito, agentes del orden y defensores de las víctimas para manifestarse en contra de las conmutaciones y anunciar un desafío legal planeado. Los familiares también relataron el sufrimiento de perder a sus seres queridos y la necesidad de volver a luchar por la justicia.
La Criminal Justice Legal Foundation (CJLF), una organización sin fines de lucro que apoya la seguridad pública y los derechos de las víctimas, presentó una demanda el fin de semana pasado que busca impedir las conmutaciones masivas. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, anunció que apoya la demanda.
“Le estamos pidiendo a la corte que respete la ley, valore la santidad de los veredictos del jurado y proteja los derechos de las víctimas”, dijo Anne Marie Schubert, presidenta y directora ejecutiva de CJLF. Explicó que el desafío legal “implica dos fallas fundamentales”: primero, sostienen que Newsom no siguió la ley de California que exige que el gobernador notifique a los fiscales de distrito durante el proceso de conmutación.
“No hubo una sola llamada telefónica, ni un solo correo electrónico, ni una sola carta a los fiscales de distrito… cuyas oficinas en realidad procesaron esos casos”, dijo. “Como se dejó fuera a los fiscales, las familias de las víctimas quedaron en la oscuridad. Muchos se horrorizaron al enterarse de los planes de Newsom por las noticias”.
La demanda también cuestiona lo que Schubert describió como “el abuso del poder ejecutivo por parte del gobernador y su falta de revisión de manera individual de cada uno de estos casos”.
“¿Una conmutación general sin revisión individualizada puede ser realmente un ejercicio legal del poder ejecutivo?”, preguntó. “El estado de derecho se aplica a todos, incluido el gobernador”.
Decisión de impulsar conmutaciones masivas
Newsom anunció el 5 de noviembre que conmutaría “todas [548] las sentencias de muerte en California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, y señaló que cree que “matar con autorización del estado es incompatible con los valores de California”. Newsom estableció una moratoria sobre las ejecuciones en 2019.
“Los votantes de California han votado para mantener la pena de muerte en los libros [en 2012 y 2016], y respeto eso”, escribió en una carta abierta en la que anunció las conmutaciones. “Reconozco los límites de esta acción de clemencia, que no deroga la pena de muerte”.
Más bien, indicó, su acción “se limita a conmutar las actuales sentencias de muerte en California”.
Newsom describió su decisión de impulsar conmutaciones masivas para todos los reclusos condenados como “de las más difíciles de mi carrera, no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede sacar a la superficie recuerdos dolorosísimos para las familias de las víctimas”, señaló.
“Respet[o] profundamente las opiniones de quienes estarán en fuerte desacuerdo con mi decisión, incluidas algunas familias de víctimas que han sufrido la peor pérdida posible”, continuó Newsom.
Entre esos familiares que están en fuerte desacuerdo está Mary Muscarella. El 23 de marzo de 1990, ella dejó a su hijo Paul Bailey, de 8 años, en la Escuela Primaria Darby Avenue en Northridge, como cualquier otro día de semana. Pero esa vez, nunca volvió a ver a su hijo con vida.
Gregory Scott Smith, un ayudante de maestro que recientemente fue despedido, secuestró a Paul poco después de la entrega. Más tarde ese mismo día, las autoridades descubrieron los restos del niño en un área remota cerca de Simi Valley. Smith había agredido sexualmente a Paul, lo estranguló hasta matarlo y luego prendió fuego a su cuerpo.
Tras declararse culpable, Smith fue sentenciado a muerte en 1992 y ha pasado décadas en el corredor de la muerte. Pero Smith ahora está entre 548 reclusos cuyo castigo podría conmutarse a cadena perpetua.
“Paul no era solo un nombre en un expediente judicial. Era un niño. Tenía una familia que lo amaba, un futuro por delante y una vida entera que le fue arrebatada”, recordó Muscarella.
“¿En qué encaja la voz de los votantes en esta decisión?”, continuó. “¿En qué encaja la decisión del jurado? ¿Y dónde queda la consideración por las vidas inocentes que fueron arrebatadas?”
Muscarella se preguntó si Newsom era consciente de la atrocidad de los crímenes involucrados.
“¿Consideró el terror y el sufrimiento que Paul soportó?”, preguntó. “No podemos cambiar lo que le pasó a nuestros seres queridos, pero sí podemos exigir que… su sufrimiento nunca se minimice”.
En su carta, Newsom reconoció el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
“Las personas sentenciadas a muerte en California causaron un sufrimiento indescriptible a las víctimas, sus familias, sus comunidades y a nuestro estado en general”, escribió en su carta abierta anunciando las conmutaciones, al reconocer que el “daño que ocasionaron persiste a través de generaciones.
“Pero como gobernador”, agregó, “he concluido que el estado no puede matarlos moralmente. … Ahora podemos dejar que estos responsables mueran en el anonimato mientras recordamos y honramos para siempre a sus víctimas”.
Olivia Rubio, también prima de Gabriel Fernandez, dijo que siente que Newsom “los apuñaló por la espalda”.
“Es difícil para nuestra familia pasar por esto”, dijo entre lágrimas, al describir a Gabriel como un “niño pequeño lleno de vida” cuando su madre, Pearl Fernandez, se lo llevó a los familiares que se habían encargado de cuidarlo. Gabriel terminó siendo torturado durante ocho meses por el novio de su madre.
“Necesitamos seguir luchando”, dijo. “Necesitamos seguir siendo la voz de estos niños, porque hay tantos agresores sexuales y abusadores de niños allá afuera que necesitamos detenerlos”.
Reclusos condenados trasladados
La última ejecución realizada en California fue en 2006, bajo el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger. En 2016, los votantes de California aprobaron la Proposición 66, que busca: agilizar y acelerar las ejecuciones limitando el proceso de apelaciones; recortar los gastos carcelarios desmantelando las celdas individuales en el corredor de la muerte; y exigir la restitución a las víctimas al reubicar a los reclusos en instalaciones penitenciarias de máxima seguridad de población general en todo el estado con programas de trabajo.
Según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, todos los reclusos condenados fueron trasladados fuera de los corredores segregados para condenados a muerte a partir de 2024: los hombres de San Quentin y las mujeres de la Institución de Mujeres de California Central, y fueron puestos en 24 prisiones en todo el estado con cercas eléctricas letales, donde permanecerán bajo los protocolos de seguridad más estrictos.
Aunque los traslados no cambiaron las sentencias de muerte, Carranza dijo que teme que el hecho de que estos reclusos ya están encarcelados en instalaciones de población general podría facilitar que la Corte Suprema de California termine poniéndose de parte de Newsom.
Si la decisión de Newsom de conmutar las 548 condenas supera el próximo escrutinio legal, sería la mayor clemencia masiva en la historia de Estados Unidos. Pero no necesariamente todas las sentencias terminarían conmutadas. Cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema de California tendrían que aprobar las conmutaciones para los casos de personas condenadas por dos o más delitos graves.
Aun así, muchos familiares sobrevivientes esperan que las sentencias de muerte se mantengan intactas.
“Han pasado casi 33 años desde que murió mi hermana, y nunca voy a superar su asesinato”, dijo Melissa Hernandez, cuya hermana Diana Contreras fue despojada y asesinada en 1993. “Mi sentencia es cadena perpetua: tener que vivir sin mi hermana Diana, y la cadena perpetua de Charles F. Rountree debería [ser] que permanezca en el corredor de la muerte”.


