Los Votantes Tienen Mucho que Decidir

La elección de medio término que se avecina se está convirtiendo en algo histórico y que impactaría el bolsillo y diario vivir de los californianos.

Lo que hace la participación sumamente importante.

Según el sitio web Ad Council, si el 50 por ciento de los votantes emiten su sufragio, sería la mayor cantidad en votar en una elección de medio término. Y los millennials conforman gran parte de los votantes.

A nivel nacional, 435 puestos en la Cámara de Representantes y 35 asientos en el Senado están en contienda. Más del 50 por ciento de la población de los Estados Unidos es femenina, sin embargo solo el 20 del Congreso lo es.

En California, el demócrata Gavin Newsom y el republicano John H. Cox buscan convertirse en gobernador y reemplazar a Jerry Brown en el cargo. Newsom tenía al principio una ventaja de 24 puntos sobre Cox, pero ese margen se ha estrechado en semanas recientes. Otras contiendas en disputa son la de Vicegobernador, Fiscal General, Tesorero, Contralor, Senadores de Estados Unidos y estatales, y los candidatos de la Asamblea estatal.

Los votantes del Sur de California también tienen 11 propuestas para aprobar o derrotar. (Originalmente había 12, pero la Posición 9, una iniciativa para dividir California en tres estados, fue removida de la boleta por la Corte Suprema del estado el 18 de julio.)

Entre las más controversiales de estas proposiciones está la Proposición 6, que derogaría el impuesto a la gasolina (que entró en vigor después del 1 de Enero de 2017) y eliminaría ciertos fondos de reparación y transporte por carretera; la Proposición 8, que regularía aún más las cantidades que las clínicas de diálisis cobran a pacientes de riñón; y la Proposición 10, que expandiría la autoridad del gobierno local para promulgar leyes de control de rena.

He aquí un vistazo estas tres proposiciones:

Proposición 6

Un voto de “sí” sobre esta iniciativa modifica la Constitución del estado para exigir a la legislatura obtener la aprobación del votante para cualquier nuevo aumento de impuestos u honorarios de venta, uso del almacenamiento de información, o el consumo de gas o combustible diesel, o por el privilegio de operar un vehículo en las carreteras públicas. También derogaría las disposiciones de 2017 que pagan por reparaciones y mejoras a las carreteras locales, las carreteras estatales y el transporte público.

Los que están a favor argumentan que los californianos ya pagan cerca de 95.5 centavos al gobierno por cada galón de gasolina, mucho más que muchos otros estados; que el estado tiene actualmente un superávit presupuestario de $16,000 millones; y que el 72 por ciento de todos los impuestos y tasas relacionados con vehículos motorizados estatales se utilizan para programas que no son carreteras, puentes y calles.

Los que se oponen a la Proposición 6 argumentan que no incluye ninguna disposición para reducir los precios de la gasolina; que la aprobación de la Proposición 6 impide que los políticos del estado tomen los fondos de transporte; y que aprobarla eliminaría $5,000 millones anualmente en la financiación existente y pondría en peligro más de 6,500 proyectos de transporte actualmente en marcha, lo que podría llevar a la eliminación de unos 68,000 empleos anualmente.

Proposición 8

Ha habido una campaña publicitaria de televisión muy visible sobre esta proposición, que (comenzando en 2019) requeriría que cada año las clínicas calculen la cantidad por la cual sus ingresos exceden un límite especificado, y paguen reembolsos a los clientes — excluyendo Medicare y otros pagadores del gobierno — en la cantidad de los ingresos que excedan dicho límite. La iniciativa también prohibiría que las clínicas se negaran a tratar a los pacientes basándose en la fuente de pago del usuario.

La mayoría de los pacientes con diálisis reciben dicho tratamiento en clínicas. Se estima que hay 588 clínicas con licencia en California administradas por varias entidades. Sin embargo, dos empresas privadas con fines lucrativos, DaVita, Inc. y Fresenius Medical Care, poseen el 72 por ciento de las clínicas con licencia.

Los límites de ingresos serían igual al 115 por ciento de los “costos de servicios directos de atención al paciente” y “costos de mejoramiento de la calidad de la atención médica”.

El impacto de la aprobación de la Proposición 8 dependería de cómo se definan los costos permisibles. Y es incierto cómo las clínicas responderían, aumentando o reduciendo ciertos costos, buscando ajustes en el nuevo límite, operaciones de escala, o cierres.

Los defensores afirman que la medida impediría a las clínicas sobrecobrar a los pacientes y ayudaría a reducir los costos de salud para todos.

Los oponentes afirman que la Proposición estimularía el cierre de clínicas y pondría en riesgo a los pacientes vulnerables, así como aumentaría los costos de salud para todos.

Proposición 10

Esta puede ser la proposición más controvertida — y la menos entendida.

La iniciativa declara que aprobarla derogaría la ley estatal actual que restringe “el alcance” de las políticas de control de alquileres que las ciudades y las jurisdicciones locales podrían imponer, y permitir políticas que pudieran limitar las tarifas de alquiler que los dueños de propiedades residenciales pueden cobrar a nuevos inquilinos, nuevas construcciones y viviendas unifamiliares.

Varias ciudades — incluyendo Los Angeles, San Francisco y San Jose — limitan la cantidad que los propietarios pueden aumentar a los alquileres de vivienda de un año a otro. Los tribunales han dictaminado que las leyes de control de alquiler deben permitir que los propietarios reciban “una tasa justa de alquiler”.

Alrededor de una quinta parte de los californianos viven en ciudades que tienen leyes de control de renta. Estas leyes son limitadas de tres maneras por la ley de vivienda de alquiler de Costa-Hawkins: que el control de alquiler no puede aplicarse a ninguna casa unifamiliar, nunca se puede aplicar a ninguna vivienda recién construida completada en o después del 1 de Febrero de 1995, y no se puede decir a los propietarios lo que pueden cobrar a un nuevo inquilino cuando se mude por primera vez.

Los que están a favor afirman que la Proposición 10 liberaría a las comunidades locales para decidir qué protecciones de control de renta (si las hay) deberían estar en su lugar, y podría impactar positivamente a la gran población sin hogar haciendo que el alquiler sea más asequible.

Aquellos contra la Proposición 10 en cambio dicen que empeoraría la crisis de la vivienda al dar a entidades como las juntas de alquiler el poder de agregar honorarios en la parte superior del alquiler y que muchos inquilinos con ingresos fijos podrían ser obligados a salir de los apartamentos porque los propietarios podrían convertirlos en condominios o alquileres vacacionales a corto plazo.

Otras proposiciones en la balota incluyen bonos estatales para programas de asistencia de vivienda, bonos de construcción para hospitales que proveen cuidado de salud para niños, permitir que la legislatura estatal haga el cambio de hora para ahorrar electricidad permanente en lugar de cambiarlo en Marzo y Noviembre, y requerir que las ambulancias de emergencia del sector privado permanezcan de guardia durante las pausas de trabajo.

Usted decide. Así que vaya y vote.

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