En febrero, Juan Bretado fue despedido de su trabajo más reciente.
¿La razón? Una orden judicial de dos años por conducir con una licencia suspendida que ni siquiera sabía que tenía. Se descubrió cuando su empleador realizó una verificación de antecedentes.
“Nosotros (mi hermana y yo) intentamos buscar en línea y no encontramos nada. Incluso fui a Norwalk (Juzgado), pero nada”, dice.
“Pero aquí, lo encontraron de inmediato”.
“Aquí” fue una clínica de eliminación de antecedentes penales organizada por la Asociación de Reingreso de Los Ángeles (LARRP) donde voluntarios de la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles ayudan a personas como Bretado a limpiar registros y / o reducir los delitos graves a delitos menores.
Los eventos gratuitos se llevan a cabo durante los últimos años y también incluyen representantes de servicios sociales y de vivienda, para servir como una fuente única para los participantes.
“Se presentan entre 40 y 50 personas. Te muestra la gran necesidad que hay en Los Ángeles”, dice Joseph Petit, coordinador de políticas y programas de LARRP.
El Pasado Impacta el Presente
Bretado tiene otras cosas en las que necesita ayuda. Hace casi dos décadas cumplió condena por fraude con cheques y debe casi $ 30,000 en pagos de manutención infantil (la mayor parte de los intereses) que se acumularon mientras estuvo encarcelado.
“Nadie me va a dar un préstamo así”, dijo, mientras trataba de resolver ese problema.
Intenta trabajar, pero su historial sigue apareciendo en verificaciones de antecedentes y los posibles empleadores pueden ser rechazados.
“Siempre la encuentran”, dice el hombre de 45 años, que vive con su papá y padece diabetes.
Esos problemas también han afectado su vida personal.
“Mi exnovia me dejó porque dice, ‘no puedes hacerte responsable’”, dijo Bretado.
Los voluntarios de la clínica ayudaron a Bretado a saber que la orden por el fraude de cheques estaba en el juzgado de Long Beach. También le dieron la esperanza de cambiar su registro de ese cargo por fraude de cheques de $ 300.
“En aquel entonces era un delito grave y ahora es un delito menor. Daban tiempo como caramelos, pero gracias a Dios por estas nuevas leyes”, dijo Bretado.
Oficina del Defensor Público Ofrece Ayuda
La Proposición 47, la Iniciativa de Reducción de Sanciones para Algunos Crímenes que fue aprobada por los votantes en noviembre de 2014, reclasificó algunos delitos no violentos como delitos menores.
Está ayudando a muchos a comenzar de nuevo. Desafortunadamente, las clínicas de eliminación de antecedentes penales, como la de Bretado, fueron detenidas por razones de seguridad debido a la pandemia. Pero eso no debería disuadir a las personas que necesitan borrar registros antiguos de buscar ayuda.
Thomas Moore, Defensor Público Adjunto Jefe del condado para Tribunales Colaborativos y Justicia Restaurativa, dice que este es el momento para que las personas aprovechen la ayuda gratuita que ofrece su oficina para un proceso que puede ser oneroso y costoso si se realiza por su cuenta.
“Hemos expandido nuestra huella virtual”, dijo Moore, explicando que brindan esos servicios comunicándose con las personas por teléfono o por computadora.
“Pueden pasar y recoger formularios, y todavía se están procesando los trámites judiciales. Pero son lentos”, admite Moore. Eso se debe a que la mayoría de los procedimientos judiciales no esenciales se han detenido debido a la pandemia.
Así que Moore y sus colegas están ayudando a quienes intentan eliminar multas de tráfico, órdenes de arresto, cargos menores por drogas y una variedad de delitos no violentos de la historia de las personas. Su oficina también puede ayudar a aclarar casos de prueba, proporcionar certificados de rehabilitación y ayudar con la reducción de sentencias.
Completarán formularios y ayudarán con el proceso. Pero aquellos que son elegibles para las reducciones de sentencias por delitos a través de la Prop. 47 también deben comparecer ante el tribunal.
“Es muy importante que las personas eliminen los registros pasados porque son un obstáculo para el empleo, la vivienda y el bienestar en general”, dijo Moore. “¿Por qué debería llevar consigo una orden judicial por un delito grave que puede reducirse a un delito menor?”
A principios de este año, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anunció la desestimación de 66,000 condenas por marihuana bajo la Proposición 64, una medida de 2016 que legalizó la posesión y compra de hasta una onza de marihuana y permitió a las personas cultivar hasta seis plantas para uso personal.
Pero los defensores públicos dicen que la Fiscalía no está notificando a las personas que podrían beneficiarse de esta acción. La oficina ha creado un sitio web y un número de teléfono donde las personas pueden verificar su elegibilidad.
Ningún Récord es el Mejor Récord
Si bien Moore aboga por el tratamiento en lugar de las penas de cárcel en los casos apropiados, dijo que las personas deben lidiar con las condenas pasadas que se convierten en un impedimento para “avanzar en la vida” y dar el siguiente paso hacia el futuro.
“El problema con un registro es que, a menos que se haga algo proactivo, puede quedarse para siempre”, dijo.
Julio Cesar Ascensio lo sabe de primera mano. Tiene ocho multas por conducir con licencia suspendida, la última de las cuales lo llevó a la cárcel por 10 días cuando fue detenido y arrestado en Santa Clarita el año pasado.
“Soy mecánico y no se puede trabajar con una licencia suspendida”, dijo Ascensio. “Estaba trabajando en Volkswagen pero me despidieron un mes después de que empecé” porque lo arrestaron.
“Ahora tengo trabajo, pero paga menos y es mucho más trabajo”, confiesa.
Los voluntarios de la oficina del Defensor Público lo están ayudando a eliminar esas multas.
“Van a ayudar con la eliminación de antecedentes penales sin que yo tenga que ir a la corte”, dijo Ascensio, sonriendo.
La mejor parte es que no tendrá que pagar los 24.000 dólares que le había citado un abogado privado por completar este proceso.
“Me dijo que serían $ 3,000 por boleto”, dijo Ascensio. “Esto me está ahorrando mucho dinero”.
Para obtener recursos e información sobre los servicios en Los Ángeles, visite: StepForwardCA.Com. Si necesita ayuda para borrar los registros anteriores, llame a la Oficina del Defensor Público al (213) 351-8248. La oficina también ha establecido una línea directa, (323) 760-6763, para que el público llame para obtener información y comience el proceso de desestimación de condenas por marihuana si califica. El número registrado dirigirá a las personas al sitio web del Defensor Público del Condado de Los Ángeles en pubdef.lacounty.gov. Una vez allí, las personas deben hacer clic en la pestaña “Rechazos de cannabis”. El sitio web dará información general sobre los despidos y las personas podrán enviar un formulario rellenable con su información de contacto y condena. Una vez recibido, un registro de compensación La unidad presentadora responderá.