Los concejales de la reciente reunión del ayuntamiento de San Fernando optaron por no tomar ninguna medida sobre las posibles opciones de desarrollo en el aparcamiento público nº 3, dejando que el contrato con Azure Development expire el próximo mes.

El 18 de julio, los miembros del consejo discutieron, entre otros temas, la divulgación comunitaria realizada por Azure Development sobre las opciones de desarrollo en uno de los aparcamientos públicos adyacentes al centro de la ciudad.

Había tres opciones propuestas: dos eran una mezcla de desarrollos residenciales y comerciales que habrían incluido una sala de cine y una mezcla de “condominios y casas adosadas” – una opción ofrecía más casas construidas mientras que la otra ofrecía menos casas con más espacios abiertos y un centro social/de bienestar – y la tercera opción era una opción totalmente comercial. 

Las dos primeras opciones residenciales habrían permitido a la ciudad de San Fernando la oportunidad de recibir una subvención CalHome del estado para ayudar a los hogares de ingresos bajos y muy bajos con una ayuda para el pago inicial de la primera vivienda.

La divulgación se llevó a cabo durante un periodo de 90 días entre mayo y julio. Una encuesta realizada por la empresa, con un total de 343 encuestados, reveló que la mayoría consideraba que la primera opción sería la más beneficiosa para la comunidad. Sólo 11 encuestados eran propietarios de negocios. 

Antes de que el Ayuntamiento tomara su decisión, escuchó cuatro docenas de comentarios públicos, tanto en persona como en línea. La mayoría de los comentarios en persona procedían de carpinteros sindicados -algunos del sindicato local de carpinteros 661 de Sylmar- que apoyaban la aprobación del proyecto porque sostenían que crearía puestos de trabajo muy necesarios y les permitiría trabajar cerca de casa, al tiempo que proporcionaría a su comunidad viviendas asequibles. 

Muchos de los comentarios realizados a través del correo electrónico eran contrarios al proyecto, alegando la escasa difusión pública y la incapacidad de la ciudad para crear un plan general. Los críticos de Azure afirmaron que la encuesta solamente llegó a aproximadamente el 1.45% de la población de la ciudad.

Varios de esos comentarios pedían que el proyecto se detuviera hasta que se completara el Plan Director del Centro de la Ciudad, que incluiría la orientación de los concejales, el personal de la ciudad y la comunidad sobre la mejor manera de proceder con futuros desarrollos. El 12 de julio se publicó una solicitud de propuestas de la ciudad a las empresas de consultoría, que debía presentarse el 19 de julio.

El administrador de la ciudad, Nick Kimball, dijo que el personal de la ciudad revisará las propuestas y, dentro de un mes más o menos, presentará una recomendación a los concejales. Una vez que se haya adjudicado el contrato a una empresa, la ciudad iniciará las actividades de divulgación en la comunidad para obtener su opinión.

“En cuanto a la fecha de finalización [del Plan Director], se prevé que dure entre 12 y 18 meses, pero dentro de siete u ocho meses dispondremos de datos que podremos utilizar para tomar algunas decisiones y presentarlas al consejo [de la ciudad]”, explicó Kimball.

Después de un receso de más de una hora en una sesión a puerta cerrada, los miembros del consejo decidieron no hacer ninguna moción sobre el tema – dejando efectivamente el contrato con Azure Development expirar el 5 de agosto.

“He dejado claro que estoy en contra de los apartamentos en nuestro centro comercial”, dijo la alcaldesa Mary Mendoza. “Cuando el proyecto Azure fue traído a nosotros por primera vez, me opuse al desarrollo de la vivienda en el estacionamiento 3. … En su forma actual, con la información que tengo, no siento que pueda tomar una decisión responsable e informada en este momento sobre el proyecto”.

Mendoza dijo que de manera similar se había opuesto al desarrollo del edificio de apartamentos propuesto previamente para el edificio JC Penney en el centro comercial de la ciudad.

El segundo punto que se debatió fue la colocación de embargos (una forma de interés de seguridad concedida sobre un elemento de la propiedad para garantizar el pago de una deuda) en la propiedad por falta de pago de los servicios de recogida de residuos.

La ciudad de San Fernando tiene un contrato con Republic Services para recoger la basura de la ciudad, tanto residencial como comercial. La ciudad ha tenido un problema continuo con los residentes y propietarios de negocios que no están pagando sus facturas de basura de la República. Las cifras hasta la fecha para la recogida de basura sin pagar durante más de 90 días son 41,939.38 dólares de 93 cuentas residenciales y 68,142.66 dólares de 48 cuentas comerciales.

Debido al contrato, Republic Services no puede detener la recogida de basura, incluso en el caso de facturas impagadas, debido al riesgo para la salud pública que podría crear. En cambio, la factura impagada se añade al impuesto sobre la propiedad.

Durante los comentarios del público, los propietarios plantearon su preocupación por el hecho de que el contrato hace recaer la carga de las facturas impagadas sobre ellos en lugar de sobre sus inquilinos. 

Una propietaria, Susan Schwary, de GMSM LLC, relató cómo un inquilino, al que había desalojado recientemente de un local por impago del alquiler, no creía que debiera haber pagado la factura de la basura. Tras el desalojo de su propiedad, encontraron una pared falsa en la parte trasera de la tienda llena de basura. Dijo que ahora están atascados con una factura de 4,800 dólares de Republic Services.

“Quieren embargar nuestra propiedad, lo que para mí es injusto”, dijo Schwary. “Esto debería ser una disputa entre este inquilino y Republic … es irreal lo que hemos tenido que pasar. Todo el dinero que perdimos con este tipo, y ahora tenemos que pagar su factura de la basura”.

Concejal Cindy Montañez simpatizó con los propietarios y sugirió que el consejo de echar un vistazo y, posiblemente, modificar el contrato con Repúblic, por lo que los propietarios y los propietarios no tienen que pagar por las facturas de los inquilinos. También sugirió que se analicen los datos para determinar cuántas personas pueden pagar esas facturas.

“Creo que mi mayor preocupación es la gente que nunca es responsable de esa factura”, dijo Montañez. “Tener un gravamen contra la propiedad, creo que no es correcto hacer eso. [Los propietarios] no tienen nada que ver con no pagar esa factura”.

El Consejo de la Ciudad hizo una moción para presentar el tema para ser discutido más durante una reunión especial. Todavía no se ha dado una fecha para esa reunión.

El vicealcalde de San Fernando, Héctor Pacheco, anunció durante la reunión que no se presentará a la reelección en noviembre. Todavía está cumpliendo su primer mandato en el Ayuntamiento.

“Siempre puse a los barrios de San Fernando en primer lugar, y siempre lo haré”, dijo Pacheco. “Después de cuatro años, creo que es el momento de pasar la antorcha, por así decirlo, a la generación más joven [detrás] de mí que quiere encontrar su propia manera de devolver a nuestra comunidad, y espero que ciertamente lo hagan”.