A medida que las comunidades inmigrantes continúan bajo amenaza de las redadas por autoridades federales, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) llevó a 150 defensores a Sacramento para exigir que los legisladores estatales fortalezcan las salvaguardas legislativas para protegerlas.

CHIRLA celebró una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, 8 de abril, para lo que llamaron el “Día de Abogacía para el Progreso de los Inmigrantes”, donde presentaron a legisladores de ambos partidos su paquete de prioridades legislativas a favor de los inmigrantes. Exigieron que California garantice que los espacios, incluidos escuelas y hospitales, sean seguros para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Uniéndose a la conferencia junto a los defensores de la inmigración estuvieron la directora ejecutiva de CHIRLA, Angelica Salas; la directora de políticas, Jeannette Zanipatin; los senadores estatales María Elena Durazo, Sabrina Cervantes y Sasha Renée Pérez; y los asambleístas Sade Elhawary y Ash Kalra.

Salas dirigió sus palabras al grupo de simpatizantes, diciendo: “Vinimos para recordarles a nuestros líderes que la fortaleza de California siempre ha llegado de su gente, de los trabajadores agrícolas y cuidadores, de los estudiantes, de los pequeños empresarios y de las familias. Damos tanto al estado cada día. Este momento se trata de asegurar que California continúe honrando esas contribuciones, de proteger a nuestras comunidades y de construir un futuro en el que todos, sin importar de dónde venimos, podamos prosperar.”

Los líderes estatales luego subieron al podio, cada uno instando a la comunidad a apoyar diferentes piezas de legislación. Para Durazo, era el SB 1243 y el SB 1422; el primero proporcionaría una moratoria temporal de desalojos para inquilinos y familias cuyas rentas se vieron afectadas por las redadas. El segundo solicita la “restauración total de Medi-Cal para trabajadores indocumentados” de al menos 19 años.

Durazo afirmó que el 95% de los inquilinos inmigrantes están enfrentando cargas por el alquiler debido a las redadas, y añadió que nadie debería soportar el trauma de estar detenido en un centro de detención mientras también se preocupa por perder su hogar. En cuanto al SB 1422, dijo que los trabajadores inmigrantes son la columna vertebral de la economía de California y que merecen la atención que su trabajo financia.

“Los mantienen funcionando la industria de California y pagan miles de millones en impuestos, pero contribuyen al sistema, y ahora se les dice que el sistema no los cubrirá cuando estén a enfermos”, dijo Durazo. “Eso no es responsabilidad fiscal. Es exigir mano de obra y negar la dignidad de la atención básica cuando las personas pierden acceso a la atención preventiva. Restablecer el acceso a la atención médica no es una elección entre responsabilidad y compasión. Es un reconocimiento de que la cobertura es humana y racional desde el punto de vista económico.”

Cervantes, presidenta de la Comisión de Apropiaciones del Senado, comenzó señalando al presidente Donald Trump y dijo que no se puede permitir “desmantelar nuestra democracia pieza por pieza.” También planteó preocupaciones de que agentes de ICE podrían enviarse para vigilar lugares de votación durante las elecciones de mitad de mandato para intimidar a los votantes.

Para dar cierta seguridad al proceso electoral, Cervantes pidió apoyo al SB 73, que prohibiría a los funcionarios electorales permitir que una agencia federal o sus empleados inspeccionen una máquina de votación a menos que exista una orden de un tribunal federal. Este proyecto de ley, dijo, proporcionaría una defensa adicional contra la interferencia federal.

“Convertirá en delito que los oficiales individuales, incluidos los oficiales federales, sean desplegados allí”, dijo Cervantes. “Me enorgullece trabajar con ustedes para seguir salvaguardando nuestras elecciones y asegurar que California conserve el derecho a elegir a su gobierno en las urnas, sin importar cuánto intente quitárnoslo Donald Trump. Estamos listos para luchar y para ganar.”

Pérez también presentó dos proyectos de ley, pero quizá el más notable fue el SB 995, conocido como Masuma Khan Justice Act —nombrado en honor a Masuma Khan, una sobreviviente de un incendio en Altadena que, en octubre de 2025, fue detenida y retenida en la California City Detention Facility. La mujer, dijo Pérez, fue privada de su derecho a un abogado y al acceso a la medicación.

Este centro de detención fue objeto de una demanda colectiva federal presentada por siete inmigrantes que alegaron condiciones inhumanas.

El proyecto de ley facultaría a las autoridades estatales para realizar inspecciones de instalaciones de detención privadas para garantizar que cumplan con los estándares estatales de salud y seguridad. Los operadores de estas instalaciones enfrentarían multas de hasta 25,000 dólares al día por cada violación y podrían arriesgar la revocación o suspensión de su licencia estatal.

“Sabemos que estas prisiones de Wall Street, con fines de lucro, están abusando y cometiendo violaciones a los derechos humanos de forma regular”, dijo Pérez. “Hemos visto morir a nuestras comunidades inmigrantes en estas instalaciones de detención y estas empresas con fines de lucro … deben rendir cuentas. … Así no debe tratarse a nuestra gente.”