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COCULA, México (AP) — Un mes y dos días después de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio del poblado de Ayotzinapa en el sur de México, la frustración por la lentitud en las investigaciones va en aumento.

Los padres de los normalistas y simpatizantes lamentan la falta de resultados en dar a conocer el paradero de los jóvenes que desaparecieron tras ser atacados y detenidos por policías locales el 26 de septiembre en Iguala, municipio del estado sureño de Guerrero, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y luego presuntamente entregados a sicarios del narcotráfico.

Manuel Martínez, vocero de los padres de los jóvenes, reprochó al gobierno por el silencio mantenido hasta el momento tras el descubrimiento de nuevos restos humanos en una ladera usada aparentemente como botadero de basura en Cocula, una municipalidad vecina a Iguala.

“Nos están engañando y están jugando con nosotros. Casi dos días después no sabemos ni cuántos cuerpos había, ni cómo estaban, ni si son nuestros hijos”, dijo Martínez el martes a The Associated Press. “Es desesperante tanta lentitud, y estamos molestos y enojados”.

“El Estado nos está engañando y es el Estado el que lo va a pagar”, advirtió en referencia a nuevas acciones de protesta que el martes se reflejaron en la toma de oficinas de gobierno en Chilpancingo, la capital de Guerrero.

Aunque a diferencia de otras ocasiones en las que las manifestaciones derivaron en la destrucción de algunas fachadas o edificios, al momento no se habían reportado daños en Chilpancingo.

“Estamos enojados y muy cansados; tenemos una inmensa sensación de impotencia”, dijo a la AP Mario César, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, y quien, como la mayoría de los padres, se niega a dar sus apellidos.

Por lo pronto, se tiene previsto que el presidente Enrique Peña Nieto se reúna el miércoles en la Ciudad de México con los padres de los jóvenes, según dijo a la AP uno de los familiares, el cual pidió no ser identificado por ser un encuentro que públicamente no se ha dado a conocer.

Pero el malestar también se extiende entre vecinos de la zona. Junto a una iglesia de Cocula, familiares de detenidos protestaron el martes ante lo que consideraron “detenciones arbitrarias” y las continuas redadas de la policía desde que se descubriera que la policía de este municipio colaboró en la desaparición de los estudiantes.

Hasta ahora las autoridades han arrestado a 56 personas, 36 de ellas policías de Iguala y Cocula, señalados de haber participado en el ataque y detención de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de profesores de educación básica.

Una pancarta colgada a las puertas de la iglesia responsabiliza a Peña Nieto y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por una “ola de detenciones arbitrarias de ciudadanos inocentes que las fuerzas federales se están llevando para torturarlos y hacerlos que se declaren culpables de delitos que no han cometido como secuestro, delincuencia organizada y portación de armas”.

Pedro Mújica Moreno dijo a la AP que su primo Gustavo Moreno Arrollo, un ganadero de 29 años, fue detenido hace una semana por presuntos vínculos con el caso. Desde entonces, aseguró Mújica, está incomunicado en una prisión de máxima seguridad de Tepic, la capital del estado occidental de Nayarit, por presuntos vínculos con el caso.

“Las autoridades están desesperadas, como se ven incompetentes en resolver el caso ellos necesitan justificarse y presentar gente inocente”, dijo el primo de Moreno, cuya foto aparece estampada en la pancarta. “Están buscando chivos expiatorios”.

La municipalidad de Cocula, donde habitan cerca de 15.000 personas, vive una expectación inusitada ante la llegada de decenas de reporteros de todo el mundo que han copado la modesta plaza central de la población, conocida en México como zócalo, con unidades móviles y equipos de transmisión, mientras conviven con los vendedores de tacos y de flores de cempasúchil que ocupan habitualmente el lugar.

A ello se suma el desembarco de cientos de militares, marinos y policías federales que tomaron el control de la seguridad en la población.

En otros acontecimientos el martes, cientos de residentes de Iguala, vestidos de blanco, entonaron cánticos en los que afirmaban que la localidad quiere paz mientras marchaban, muchos con velas o globos blancos, a fin de protestar la quema reciente del palacio de gobierno por parte de manifestantes alineados con los familiares de las víctimas.

“Nunca más queremos que alguien venga a quemarnos el palacio”, dijo el empresario Sergio Fajardo, uno de los líderes de las protestas. “La paciencia ya se acaba. Ya no aguantamos la indiferencia del gobierno federal, del gobierno estatal”.

Algunos de aquellos en la marcha por la paz no veían mayores problemas con el gobierno del ex alcalde José Luis Abarca, quien ahora es un fugitivo acusado de ordenar el ataque contra los estudiantes.

“Él estaba trabajando correctamente”, dijo Fernando Manuel, un contador que marchó con una camisa blanca tomado de la mano con otros manifestantes. “Los recursos no sabemos de dónde los tenía, pero beneficios para Iguala sí hubo”.

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