Olivia Rubio y Emily Carranza no fueron a trabajar y manejaron hasta la Corte Superior en Los Angeles el pasado lunes. Querían asegurarse de tener un asiento en uno de los juzgados, así que esperaron a que el edificio abriera sus puertas.
Este era el día en que se esperaba la decisión sobre si dos extrabajadores sociales y sus supervisores deberían ir a juicio por falsificar registros y cargos de abuso infantil en conexión con la muerte de Gabriel Fernández de 8 años.
Los trabajadores sociales y dos de sus supervisores — Stefanie Rodríguez, de 31 años, Patricia Clement, de 66, Kevin Bom, de 37, y Gregory Merritt, de 61 — fueron despedidos del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) a raíz de una investigación interna sobre la horrenda muerte de Gabriel Fernández ocurrida el 24 de mayo de 2013 en Palmdale.
Los cuatro enfrentan hasta 10 años de prisión si son declarados culpables.
La madre del niño, Pearl Fernández, de 33 años, y su entonces novio, Isauro Aguirre, de 36 años, están en espera de un juicio por un cargo de asesinato. La Fiscalía propone pedir la pena de muerte contra los dos.
Gabriel vivió en el noreste del Valle de San Fernando con sus abuelos por la mayor parte de su vida, hasta que su madre, según familiares, queriendo recibir más dinero de asistencia pública, rehusó retornar al menor después de llevárselo para una visita en su apartamento en Palmdale. La vida del niño se convirtió en una pesadilla ya que se descubrió que fue víctima de golpizas constantes y también fue encerrado en un armario – sus gritos eran silenciados poniéndole una garra en la boca.
Rubio y Carranza han seguido el juicio cercanamente. Ambas son primas del chico y desde su muerte, han sido claves en el esfuerzo por mantener vivo el caso organizando conferencias de prensa, proveyendo apoyo para la creación del sitio web ‘Gabriel Justice’ y asistiendo a las audiencias judiciales.
“Mientras estaba en el juzgado viendo a los cuatro trabajadores sociales cara a cara, tenía emociones encontradas”, dijo Carranza. “Sentía asco al ver las sonrisas en sus caras. Al principio, sus expresiones parecían decir, ‘no hay problema’, y luego los ví parecer preocupados cuando el Juez Villar comenzó a leer todas las banderas rojas que fueron ignoradas en el caso de Gabriel”.
Carranza dijo que sintió un gran alivio cuando el Juez anunció que el caso iría a juicio.
Rubio dijo que sintió el mismo alivio. “Tantas veces he estado sentada en un juzgado y ellos estaban riendo y no estaban tomando el caso seriamente; hoy el juez anunció la decisión para que ellos (vayan a juicio) y ví lágrimas en sus ojos”.
Rubio dijo que ella y Carranza han venido rezando para que se haga “justicia” para su primo Gabriel.
“Ha habido tantos años de dolor y lágrimas pidiendo ayuda. Hoy es un gran día para Gabriel. El Juez (M. L.) Villar hizo que pasara esto y ahora los trabajadores sociales pagarán por lo que no hicieron”, dijo Rubio.
“Estos cuatro trabajadores sociales nunca se han arrepentido, o se han disculpado por su papel en la muerte de Gabriel. Creo que si se hubieran disculpado entonces habrían admitido que eran culpables de negligencia”, dijo Carranza, quien indicó que este caso sienta un precedente.
“Todo lo que puedo hacer ahora es continuar orando para que estos trabajadores sean la llave para exponer el resto de la corrupción dentro del DCFS”, dijo Carranza.
Jennifer García, la maestra de primaria de Palmdale, testificó durante la audiencia preliminar que llamó a Rodríguez varias veces para informarle que Gabriel le dijo que su madre le dio un puñetazo y le disparó en la cara con una pistola de balines. Su primera llamada llegó más de seis meses antes de que Gabriel muriera.
Una autopsia mostró que el menor tenía un cráneo fracturado, varias costillas rotas y quemaduras sobre su cuerpo, según las autoridades.
Villar dijo que los registros eran incompletos e inadecuados, que las partes no estaban hablando entre ellas, los incidentes no fueron documentados y algunas personas que estaban obligadas a denunciar el abuso no lo hicieron.
Los abogados defensores argumentaron que otros eran culpables de la muerte del niño y estaban mejor posicionados para haberlo salvado.
Gabriel estaba viendo a un consejero dos veces a la semana y un representante del Sheriff pasó por la casa un momento para ver si el niño estaba bien y no encontró pruebas de abuso, según la defensa.
Los fiscales alegan que Rodríguez y Clement falsificaron informes que habrían documentado señales de agravamiento del abuso físico y la poca cooperación con DCFS.
Los fiscales también sostienen que Bom y Merritt sabían o debían haber sabido que estaban aprobando informes falsos que iban en conflicto con la evidencia del deterioro en la salud física de Gabriel, permitiendo al niño permanecer en el hogar hasta su muerte.
Una investigación reveló que a veces durante un período de ocho meses antes de su muerte, Gabriel – entre otros casos de abuso violento – fue rociado con gas pimienta, obligado a comer su propio vómito y encerrado en un armario con un calcetín en su boca para silenciar sus gritos, han dicho las autoridades.
“Ojalá que su casa se mueva más rápido que el caso [de la madre y el novio de ésta] de Gabriel. El 24 de Mayo serán cuatro años desde que murió Gabriel. Es momento de seguir adelante”, dijo Carranza.